Jesús Domínguez, portavoz de la plataforma de víctimas del Alvia 04155, ha señalado este martes que se alegra "un montón", al igual que el resto de familias, de la activación del ERTMS entre Santiago y Ourense, incluida la curva de A Grandeira, 10 años después del descarrilamiento que causó 80 muertes.

En declaraciones a la prensa antes de comparecer, al igual que su pareja, en una nueva sesión del juicio por el accidente de un tren Alvia en la capital gallega el 24 de julio de 2013, ha mostrado su satisfacción por la activación de ese sistema de seguridad, que obligará a Adif a interrumpir la circulación los días 22, 23 y 24 de este mes.

Con vehemencia, ha pedido que "no lo desconecten" o que al menos antes de hacerlo "hagan los análisis de riesgo pertinentes y tomen las medidas preventivas", pues "si lo desconectas por retrasos, que fue lo que se hizo en nuestro caso, de poco va a servir".

Saber que el siniestro registrado en A Grandeira "era evitable", genera, ha remarcado Domínguez, "más dolor y frustración".

"Es imposible" la reparación, ha vuelto a reiterar, sea cual sea el resultado de la vista oral que se está celebrando. Y "toda" la lucha y todo el trabajo hasta llegar al enjuiciamiento "ha sido un daño añadido" además, ha remarcado.

Las responsabilidades por esas ocho decenas de fallecimientos y casi centenar y medio de heridos se juzgan desde el pasado octubre por parte de una magistrada de lo penal de Compostela, María Elena Fernández Currás.

Los encausados son el maquinista del Alvia, Francisco José Garzón Amo, y el exresponsable de la seguridad en la circulación de Adif Andrés Cortabitarte. Uno y otro están acusados de 80 delitos de homicidio imprudente y los correspondientes de lesiones. Ambos se enfrentan, respectivamente, a la petición de cuatro años de prisión.

El Alvia que hace una década impactó contra un muro de hormigón en el acceso a la estación ferroviaria de Santiago llevaba un importante exceso de velocidad al tomar la mencionada curva.