El Consejo de Ministros aprobó este martes extender la prevención de riesgos laborales a las empleadas del hogar, que ahora tendrán derecho a la evaluación de riesgos de su puesto y a exámenes médicos, algo que será obligatorio para quienes las emplean y cuyo cumplimiento será facilitado por el Estado.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguró que la norma protege a “las invisibles, las que sostienen nuestras vidas, nos cuidan y, hasta hace muy poquito, carecían de derechos”.

La vicepresidenta segunda puso de manifiesto la importancia de la norma “para las trabajadoras del hogar, las mujeres y las familias de nuestro país” y recordó que hay 367.900 empleadas de hogar de alta en el sistema, de las que el 45% son migrantes y la mayoría están en Madrid y Cataluña.

Regulación pionera

Esta regulación, pionera y fruto del diálogo social, termina un camino que comenzó con la aprobación de un subsidio especial en la pandemia y continuó con el derecho a la cotización para la prestación por desempleo y con la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo.

“Esta norma se va a sostener con una acción inequívoca de las administraciones públicas”, dijo Díaz, ya que “nadie va a ver incrementado sus gastos”, porque “van a tener derecho, en los servicios públicos, al reconocimiento médico”. 

De este modo, el servicio público de empleo proporcionará una herramienta gratuita para la formación obligatoria sobre los riesgos asociados a las tareas del hogar, que solo se realizará una vez aunque se preste servicio en varias casas, y se hará dentro del horario de trabajo o se compensará con tiempo de descanso.