Cerca de un centenar de técnicos, alcaldes y concejales de diversos concellos gallegos adscritos a Sogama participaron recientemente en el curso online “La implantación del contenedor marrón: desafíos y oportunidades”. Esta iniciativa, promovida por Sogama en colaboración con la firma Applus, tuvo una duración total de cinco horas y se llevó a cabo durante dos jornadas. 

El objetivo del curso fue arrojar luz sobre las implicaciones de la implementación de la quinta fracción para la recogida de materia orgánica y promover que los entes locales que aún no lo han instaurado lo hagan con la mayor prontitud, atendiendo a las obligaciones legales impuestas por la Unión Europea. El gerente de proyectos de residuos de Applus, Benito Blanco, participó como ponente en el curso, abordando distintas cuestiones de interés para los concellos, habida cuenta de que estos tienen las competencias en materia de gestión de residuos. Para aquellos municipios que ya cuentan con esa quinta fracción (Carballo y A Laracha, por ejemplo), el curso se presentó como una oportunidad para despejar dudas, complementar conocimientos e intercambiar experiencias.

El curso se estructuró en cuatro bloques de contenido y un final de coloquio, donde se proporcionaron a los representantes locales las claves del marco normativo relativo a la gestión diferenciada de la materia orgánica.  Se les explicó que desde el pasado 31 de diciembre de 2023, esta gestión es una obligación europea para los ayuntamientos. Además, se discutió su encaje en los modelos tradicionales, la revisión de las ordenanzas municipales, la dimensión del nuevo servicio y los costes asociados, la disposición de medios y la modificación de los contratos para la gestión de la fracción orgánica. Sin olvidar las campañas de información, formación y sensibilización social.

El penúltimo bloque del curso se centró en el papel de Sogama en relación con a la quinta fracción y profundizó en la red de infraestructuras para la valorización de la materia orgánica, diseñada por la Xunta y ejecutada por la sociedad pública para ayudar a los ayuntamientos a dar debido cumplimiento a la legislación vigente.