El Concello de Cabana dejará de funcionar muy pronto con las cuentas prorrogadas, toda vez que la corporación municipal en una sesión ordinaria celebrada el pasado jueves procedió a la aprobación de los presupuestos del presente año. El documento asciende, tanto en su apartado de ingresos como de gastos, a 3.880.000 euros.
El acuerdo se adoptó con los únicos apoyos del grupo de gobierno del Partido Popular, por cuanto los representantes del BNG se pronunciaron en contra.
Las cuentas generaron poco debate. La portavoz nacionalista, Tatiana Rellán, le reprochó a los populares que sigan sin apostar por la elaboración de la Relación de Puestos de Traballo (RPT) y sin convenio colectivo para el personal.
Desde el BNG echaron también en falta ayudas para educación, para las empresas o para el comercio local y, por último, cuestionaron que se vayan a cumplir las previsiones de recaudación por el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), que ascienden a 196.709,72 euros. En este sentido, recordó que las consignaciones en los presupuestos de 2022 y 2023 era de 147.000 euros y que, en ambos casos, solo se recaudó alrededor de la mitad.
El alcalde, José Muíño, explicó que las estimaciones de recaudación por el ICIO se hacen en previsión de que puedan salir adelante los parques eólicos proyectados.
En el transcurso de la sesión plenaria celebrada en la tarde-noche del jueves se adoptaron otros acuerdos.
Fue el caso del relativo a la aprobación del convenio del Parque do Megalitismo na Costa da Morte” que tendrá una vigencia de cuatro años, acuerdo que se adoptó por unanimidad.
También se dio luz verde a la modificación de la ordenanza no fiscal para la protección de caminos públicos afectados por los trabajos de las madereras.
Se distinguen varias categorías de avales o fianzas: una de 2.200 euros para vehículos de menos de 16 toneladas; otra de 2.200 euros para vehículos de 16 o más toneladas. También se establecen avales con 3 años naturales de vigencia, cuya cuantía será de 10.800 euros si utilizan vehículos de menos de 16 toneladas; y de 16.500 euros, si se recurre a vehículos de 16 o más toneladas.
Las empresas afectadas dispondrán de 30 días de plazo para presentar alegaciones o sugerencias. El acuerdo se adoptó con la abstención de los cuatro representantes nacionalistas
El grupo nacionalista presentó tres mociones que superaron el trámite de urgencia y generaron mucho debate, aunque finalmente, ninguna de ellas salió adelante.
Una de las que generó más intervenciones fue la referida a la limpieza de las fincas afectadas por las franja de protección contra los incendios forestales. El BNG aseguró que las cartas remitidas a los vecinos habían generado alarma social y en su propuesta de acuerdo pedían al Concello que contratase personal especializado para informar a los vecinos y que aplicase una moratoria de seis meses para ejecutar los trabajos.
El regidor popular aseguró que el Ayuntamiento no puede contratar personal para eso ni pedir una moratoria porque sería cometer una ilegalidad. Muíño añadió que ya había solicitado a Seaga la labor informativa que demandaba el BNG, además de pedir colaboración a las oficinas agrarias.También apuntó que no se ha sancionado a ningún propietario y que las cartas buscan un efecto disuasorio