La disparidad de opiniones sobre el 8-M y el desapego social que sufre merecen una firme condena. Son un indolente desentendimiento de derechos fundamentales. Y no me vale que se diga que se hace para evitar el manejo de los grupos políticos que, es cierto, tienden a monopolizarlos e instrumentalizarlos según su conveniencia.

En la misma línea, es sabido y está sobradamente probado que todo acontecimiento que se produce dentro del ámbito político, sea legal o ilegal, termina siendo manipulado por ellos en función de sus necesidades de gobierno o electorales. Bien sea exagerándolo, ocultándolo o exonerándolo por procedimientos que chocan frontalmente con el Estado de derecho.

Esas aberrantes conductas están ahí y a las pruebas me remito, pero, como he dicho, eso no nos justifica a la hora de perder de vista, en el ámbito individual y social, nuestro firme compromiso con esos valores que, al margen de esas artimañas, son la firme garantía de una convivencia en libertad, igualdad y plenitud de derechos.

La situación de la mujer en el mundo laboral y personal demanda cambios profundos en aras de erradicarlos y, en su caso, corregirlos. Y si eso ocurre en las sociedades occidentales, qué decir de lo que están viviendo en el resto del mundo, donde a esa discriminación se suma la extrema violencia que sobre ella se ejerce en todos los órdenes de su existencia.

Esa y no otra es y ha de ser la causa; lo demás son solo disculpas.