Nada parece ser normal en esta España del sobresalto. La impostura se ha instalado en los despachos del poder a todos los niveles y hemos pasado de la “legislatura de la transparencia”, así la anunciaban, a la legislatura del oscurantismo, la mentira y el insulto que estamos “disfrutando”. Nadie sabe nada y  los que saben de verdad se esmeran concienzudamente para que los demás no nos enteremos de nada. Pero entremos en el último episodio de este mundo de la desinformación. El imputado Fiscal General de Estado ha decidido borrar todos los mensajes de su teléfono móvil correspondientes a las fechas que investiga la justicia y que le afectan personalmente. La UCO entiende que en esos mensajes borrados podrían esclarecerse las relaciones del fiscal con Moncloa que destaparían la relación directa del sr. Ortiz con la filtración de datos reservados del novio de la presidenta Ayuso para su utilización política contra la presidenta madrileña. Y la pregunta es ¿por qué el fiscal querría borrar esos mensajes? Cuando uno se sabe inocente no borra nada, es más, pone su teléfono a disposición de la justicia para que no quede atisbo de duda sobre su actuación, si esta es legítima claro está. Pero no, el fiscal no solo no ofrece su teléfono sino que lo manipula para borra Dios sabe qué, pero ya les digo que nada bueno. Es una pillería que todos comprenderíamos de un delincuente común que quisiera defenderse aún sabiéndose culpable, pero nunca de un Fiscal General del Estado. Su actuación le convierte en mucho más sospechoso de lo que ya era y multiplica los indicios contra él. Parece ser que lo hizo cuando la Guardia Civil revisaba su despacho y que fue visto por otro fiscal que no dudó en testificar lo visto ente un juez. Si así fue, no solo no estamos ante un indigno fiscal general, hemos de ascenderlo al nivel “Pepe Gotera” el compañero de “Otilio”. Cualquier español puede pensar, esa libertad no la pueden controlar, que el señor fiscal borró lo que probaría su intervención directa en el delito que se persigue y sabe muy bien el polémico y sospechoso fiscal, que por indicios se puede condenar a un “roba gallinas” pero que difícilmente se podrá condenar a todo un Fiscal General del Estado. Lo cierto y verdad es que “alguien” filtró ilegalmente unos datos privados y reservados de un contribuyente para que Pedro Sánchez armara desde Moncloa un ataque nunca visto contra la presidenta de una comunidad y adversaria política del propio presidente. Una acción se república bananera que hace saltar por los aires el estado de derecho que ampara nuestra constitución y que traslada un perverso mensaje a la ciudadanía: el gobierno está dispuesto a utilizar cualquier cosa como arma política y tampoco duda en poner en tela de juicio, nunca mejor dicho, a todo un poder judicial en el que la ciudadanía tiene depositada su confianza como garante de esa justicia que debiera igualarnos a todos ante la ley. No, queridos lectores, ya no somos todos iguales ante la ley, ni cuando se amnistía a unos, se indulta a otros y se explica de “quien depende la fiscalía”. El Fiscal General del Estado se ha borrado pero, sin quererlo, ha despertado en todos, salvo los sanchistas muy muy cafeteros, la sospecha fundada de su responsabilidad. Veremos pues ahora hasta dónde llega la justicia en este caso, me temo que, una vez más, nos quedaremos sin saber la verdad y ya son muchas veces…