Singapur ejecutó este miércoles en la horca a un preso condenado por conspirar para traficar con un kilogramo de marihuana, una ejecución calificada de "escandalosa" por organizaciones de derechos humanos y que la ONU pidió detener por dudas sobre las garantías del proceso judicial.

"Pese a todos nuestros esfuerzos y nuestra lucha durante los pasados años para que mi hermano tuviera un juicio justo, el Gobierno (singapurense) ha mostrado no tener piedad", denunció hoy en un comunicado Leela Suppiah, hermana del ejecutado, Tangaraju Suppiah.

Singapurense de origen tamil, Tangaraju fue ahorcado, el método empleado por la ciudad-Estado asiática, alrededor de las 6.00 de la mañana hora local (22.00 GMT) en la prisión de Changi, tras haber sido condenado a muerte en 2018 por "ser cómplice en una conspiración para traficar" con un kilo de marihuana de Malasia a Singapur cinco años antes.

Las autoridades singapurenses desoyeron así los llamamientos, tanto de la familia de Tangaraju, que había pedido clemencia en una carta enviada el domingo a la presidenta, Halimah Yacob, como de oenegés e incluso de la Agencia de la ONU para los Derechos Humanos, que urgió la víspera a que se detuviera la ejecución ante las dudas sobre si el proceso tuvo las garantías necesarias.

Consumidor de marihuana desde la adolescencia, Tangaraju fue implicado en el caso en marzo de 2014, seis meses después de que el intento de contrabando se produjera, por un supuesto contacto telefónico con dos personas para introducir el alijo en Singapur, el cual sus abogados y familia arguyen que nunca vio o tocó.

Asimismo, sus parientes y activistas han denunciado que el hombre, ejecutado a los 46 años, no recibió el asesoramiento legal adecuado y se le negó acceso a un intérprete tamil cuando fue interrogado inicialmente por la Policía.

"Estamos acostumbrados a ver actos de injusticia, pero con éste estamos en shock por lo débiles que son las pruebas y lo fácil que resulta enviar a alguien al patíbulo", afirmó el martes a EFE Kokila Annamalai, portavoz de Transformative Justice Collective (TJC), oenegé local que pide la derogación de la pena capital.

Por su parte, el Ministerio de Interior isleño defendió ayer en un comunicado que "Tangaraju fue representado por asesores legales durante todo el proceso judicial" y que "las pruebas indican que él fue quien coordinaba la entrega de las drogas".

SINGAPUR, ANTE TODO MANO DURA
Su ejecución es la primera en lo que va de año, después de que en 2022 Singapur batiera récords ahorcando en pocos meses a once presos, incluyendo un traficante de heroína con discapacidad intelectual, lo que también suscitó las críticas de la comunidad internacional y las peticiones para que la isla revise su enfoque.

Pero la próspera ciudad-Estado, cuya eficacia regulatoria y soporte a la innovación la han aupado como centro financiero regional, lleva a gala su mano dura contra el narcotráfico y otros delitos en procesos criticados por grupos de derechos humanos por su opacidad y primitivismo, con latigazos y la horca entre sus métodos punitivos.

"Nuestro enfoque nos ha funcionado, y continuaremos marcando nuestro camino de acuerdo con lo que responde a los mejores intereses de los singapurenses", añade el comunicado de ayer de Interiores, emitido en respuesta a críticas previas del multimillonario británico Richard Branson por el caso de Tangaraju.

"El uso continuo de Singapur de la pena de muerte por posesión de drogas es un ultraje a los derechos humanos que hace que gran parte del mundo retroceda y se pregunte si la imagen del Singapur moderno y civilizado es solo un espejismo", afirmó hoy en un comunicado Phil Robertson, subdirector para Asia de Human Rights Watch (HRW), quien consideró la ejecución "inaceptable".

EN DIRECCIÓN OPUESTA A TAILANDIA Y MALASIA
El caso de Tangaraju evidencia además el contraste entre Singapur, que tiene una de las leyes antidrogas más draconianas del mundo y contempla la pena de muerte para un mínimo de 500 gramos de tráfico de marihuana, con la dirección tomada por países vecinos, como Tailandia.

Este país se convirtió en el primero del Sudeste Asiático en legalizar el cultivo de marihuana para uso médico en junio del pasado año, y desde entonces vive una fiebre en torno al negocio del cannabis, con cerca de 8.000 tiendas distribuidas por el país.

Asimismo, Malasia derogó el mes pasado la pena de muerte obligatoria, hasta entonces impuesta sin alternativa para delitos como el narcotráfico, tras años dando pasos en favor de su anulación.

"Es difícil aceptar que, mientras más y más países adoptan medidas para regular el consumo de cannabis de forma segura, vivimos en un país que no sólo encarcela y castiga a la gente por ofensas relacionadas con el cannabis, sino que quita la vida por ello", proclama la ONG Transformative Justice Collective en su página web.