La conselleira Ethel Vázquez, pidió al Ejecutivo de Pedro Sánchez que “abandone la hoja de ruta” en la que trabaja para reestructurar el mapa de rutas de transporte público de España.

En su opinión, “es incomprensible que nos pretenda vender como bueno y beneficioso un plan de transporte que supone disminuir servicios, eliminar paradas y obligar a hacer transbordo en esas líneas de largo recorrido”, denunció la titular de Infraestruturas e Mobilidade.

La conselleira señaló que 1.400 municipios españoles quedarán “sin paradas” y más de tres millones de ciudadanos dejarán de tener servicio público si sale adelante el nuevo mapa, el cual, a su juicio, está “condenando al rural”.

Sistema

El Gobierno de España anunció la creación un nuevo sistema de transferencias a las comunidades autónomas para que puedan asumir la prestación de los nuevos servicios de autobús desde los municipios en los que las rutas estatales dejarán de tener parada a partir del año 2025.

En concreto, de los 1.912 municipios que ahora tienen parada en alguna de las rutas asumidas por el Estado, solo 495 la mantendrán, lo que supone que 3,3 millones de personas no podrán acceder directamente a una de las principales rutas que le llevan a su destino, a cambio de una mayor eficiencia y ventajas para la gran mayoría de viajeros.

Para solucionar este problema, se abrió un proceso de debate con todas las administraciones autonómicas para que asuman sus competencias en este ámbito y creen nuevas rutas que solo circulen por sus territorios y que conecten los pequeños núcleos con los grandes, para hacer transbordo en el bus de ruta estatal.

Como el objetivo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana es que ningún usuario vea reducidas sus opciones de viaje, sobre todo en la España vaciada, desde el departamento que dirige Raquel Sánchez adelantaron que se compensará a las comunidades para crear los servicios que hagan falta para conectar todos los municipios que ahora perderán la parada estatal.

La factura de estas transferencias todavía está por calcular, pero el Gobierno confía en que el nuevo mapa concesional de autobús, que se quedó desfasado tras más de treinta años sin modificar, permita reducir los precios que pagan los viajeros en un 27%, disminuir los tiempos de viaje y lograr mayores frecuencias.

Todo ello se conseguirá gracias a la simplificación del sistema, que pasará de los 79 contratos actuales –de los que solo 25 son rentables– a 22, distribuidos en 510 rutas con una media de solo seis paradas cada una, frente a las 13 existentes en la actualidad.

Este nuevo mapa cambiará al completo el sistema que se creó en la primera mitad del siglo XX y que se ha mantenido prácticamente inalterado y, en este contexto, algunas comunidades, crearon su nuevo mapa concesional, algo que para el Ministerio de Transportes es una buena noticia, porque supone que ya está asumiendo sus tráficos internos a falta ahora de perfilar esas conexiones con las rutas del Estado.

En Galicia, sin embargo, muchos municipios alzaron la voz para quejarse por esas supresiones de paradas y, desde el ministerio, si bien dejan la puerta a hablar con cada uno de ellos, creen que la mejor opción es que el debate pase por la Xunta en el marco de sus competencias para dar respuesta a esos municipios.

Desde el PSOE, el secretario xeral de los socialistas gallegos, Valentín González Formoso, reprochó a Xunta y Gobierno el modelo de transporte en relación al rural por sus efectos en el rural y lamentó que se les “llene la boca” a las administraciones de hablar de la España y Galicia “vaciadas”.

En relación a la Xunta, le reprochó que con las nuevas concesiones de transporte haga “desaparecer prácticamente a 300 empresas familiares” y que lo concentre “en tres grandes empresas, la mayoría vinculadas a fondos de inversión” y que “deje sin las frecuencias mínimas prácticamente a todo el interior”.

Pero a la “dejadez de la Xunta con su propio territorio”, añadió la denuncia sobre el sistema en el ámbito estatal “de aquellas líneas que conectan distintas regiones, donde hay un recorte”. “Los intereses de Galicia están por encima de las siglas, denunciamos lo que se hace en un lado y en otro”, dijo.