El Seprona de la Guardia Civil de A Coruña ha investigado a 27 personas, responsables de otros tantos desguaces, en la provincia de A Coruña por supuestas irregularidades en la eliminación de gases de vehículos con la emisión de más de 26.000 toneladas de CO2 a la atmósfera.

La Guardia Civil ha informado este viernes a través de una nota de prensa que la operación se inició en marzo con el objetivo de controlar la correcta gestión de los gases fluorados recuperados de los sistemas de aire acondicionado de los vehículos (gas R134A) al final de su vida útil, en el marco de la ‘operación Weezing’.

Así, los investigadores del Seprona constataron irregularidades en la gestión de este tipo de residuos en un total de 27 de los 28 centros de tratamiento de vehículos inspeccionados en la provincia de A Coruña, por lo que sus responsables han sido investigados como supuestos autores de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente.

Este tipo de gases deben ser recuperados y acumulados en unas bombonas específicas para su almacenaje, e informar de su gestión a través de una memoria ambiental a la Autoridad en materia de residuos de la Comunidad Autónoma, tanto de la cantidad recuperada como del destino y gestión que se les da, al estar clasificados como residuos peligrosos.

Durante la investigación se recabó la información de la Subdirección general de Residuos de la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta, ante la cual los desguaces deben de presentar las declaraciones anuales de residuos peligrosos recuperados de los vehículos al final de su vida útil, así como de la Jefatura Provincial de Tráfico, donde deben comunicar la cantidad de vehículos descontaminados en sus instalaciones y la causa por la que se tramita la baja definitiva.

Esta información que abarcaba la gestión documental de los últimos cuatro años fue trasladada a la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente de la Guardia Civil para la elaboración de los correspondientes informes técnico periciales, con lo que se concluyó que la gestión irregular de este tipo de gases podría haber emitido deliberadamente a la atmósfera un total de 26.252 toneladas de CO2, y la liberación de R134A está prohibida en la Unión Europea por su alto pontencial de calentamiento global.

La Guardia Civil procedió a la investigación de los responsables de los 27 centros de tratamiento de vehículos como supuestos autores de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente.