Abogados que participaron en la causa del ‘Prestige’ – catástrofe marítima frente a la costa gallega de la que el día 13 cumple el 20 aniversario–, confían en que se haya aprendido algo de este procedimiento judicial y del siniestro. Mientras, muestran sus dudas en cuanto a la posibilidad de que llegue a buen término el pleito que España mantiene con la aseguradora del buque por 855 millones de euros.

Los letrados coinciden en que se “juega en campo británico” lo que dificulta, a su juicio, las posibilidades de un fallo favorable. Por ello, ven un “incierto futuro” o, en todo caso, “impredecible” al citado pleito.

Sobre lo ocurrido hace 20 años y el posterior pleito judicial, – con una primera sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña y un posterior fallo del Tribunal Supremo revocando la absolución del capitán del petrolero, Apostolos Mangouras, al que condenó por delito contra el medio ambiente, abriendo la puerta a que los daños de la marea negra los asumiese la armadora y la aseguradora – defienden las actuaciones llevadas a cabo.

Ramón Sabín, que representó a cofradías gallegas y otras del norte de España, defiende que la vía penal era la “adecuada” ante las dudas si se debía haber optado por ella. “No se hubiera podido iniciar una reclamación civil sin, previamente, depurar responsabilidades penales”, apunta.

Recuerda que “en la acción penal va incluida la reclamación de daños, por lo que en un único procedimiento se depuraron las responsabilidades penales y reclamaron las civiles aquellos que no llegaron a una solución al margen del proceso penal”.

También defiende, pese al volumen de la causa, que el juzgado de Corcubión que llevó la instrucción era el competente y que, de haberse tramitado en la Audiencia Nacional, hubiera sido probable “que se hubieran dilatado aún más las actuaciones”.

“Entiendo que ante un desastre de esta naturaleza con las consecuencias que implica para un juzgado, el de Corcubión debió haber sido reforzado de forma considerable, incluyendo funcionarios y juez de refuerzo”, señala en línea con lo expuesto por otros letrados.

Mientras, cree que “no se ha aprendido mucho”. “Seguimos en manos de los clubs ingleses y del Fondo para la Compensación de Daños por Hidrocarburos (Fidac) con las particularidades de sus cláusulas limitadoras de la responsabilidad”. “A un buque se le debe obligar a navegar con un seguro que cubra los posibles daños que pueda generar, no es así, por eso es tan difícil depurar responsabilidades y percibir las indemnizaciones”.

“Tampoco es fácil de cambiar, pero los estados ribereños, por los que circulan los buques sospechosos de ser contaminantes en exceso, debieran exigir que naveguen con un seguro que cubra los daños”, sentenció.