El grupo parlamentario popular registró una proposición no de ley en el Congreso por la que insta al Gobierno a que, en un plazo de tres meses, acuerde una moratoria sobre el cierre programado para las centrales nucleares. 

A su vez, pide mantener la energía nuclear dentro del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima.

La iniciativa, para su debate en Comisión, reclama también al Ejecutivo que habilite los cambios normativos adecuados para que los titulares de las instalaciones puedan instar en tiempo útil ante el Consejo de Seguridad Nuclear el procedimiento para la prórroga de sus autorizaciones, en plenas condiciones técnicas y de seguridad. 

En este sentido, piden al Gobierno determinar las medidas regulatorias más adecuadas para facilitar la sostenibilidad económica de las instalaciones que decidan acogerse a la moratoria.

Impacto económico

A estos efectos, solicitan al Ejecutivo que pida informes a los organismos especializados de la Comisión Nacional de Mercados v la Competencia, del Operador del Mercado Ibérico de Electricidad y del gestor de la red de transporte en los que se evalúen el impacto económico en el mercado eléctrico del cierre nuclear programado, así como las implicaciones para la seguridad del suministro.

 Según los populares, el Gobierno debería trasladar al Congreso el VII Plan General de Residuos Radioactivos, acompañado de un informe de Enresa sobre impacto de dicho Plan en los compromisos y estimaciones contenidos en el Protocolo de cierre ordenado de las centrales.

Asimismo, le piden que adopte las medidas necesarias para que el sector industrial nuclear español pueda contribuir a los “retos” y aprovechar las oportunidades que brinda el Reglamento UE sobre Industria Cero Emisiones Netas. 

Paralelamente, instan a trasladar lo anterior al Comité Especializado para la Seguridad Energética Nacional y al Congreso, al objeto de su debate y, en su caso, aprobación en la Subcomisión de Estudio que a tal efecto se constituirá.