El Banco de España considera que las medidas de apoyo a hogares y empresas frente a la que denomina "perturbación de precios de la energía" deben tener una naturaleza temporal, permitir una aplicación rápida y estar dirigidas "a los agentes que verdaderamente las necesitan".

En su informe anual de 2021, dado a conocer esta semana, el Banco de España dice que esas medidas deben ser temporales, debido a la necesidad que hay de "sanear" las cuentas públicas y por la "naturaleza, en principio transitoria, de la subida de los precios energéticos". 

Explica que, aunque "el aumento del Ingreso Mínimo Vital (IMV) sirve para compensar a los hogares más vulnerables por su pérdida de poder adquisitivo por el encarecimiento de la energía, habría sido preferible el uso de transferencias condicionadas al nivel de renta", función que dice que "hasta cierto punto, cubre el bono social eléctrico".

El Banco de España también comenta la subvención que ha aprobado el Gobierno para paliar el impacto de la subida del precio de los carburantes (un descuento de 20 céntimos por litro, de los que 15 los aporta el Estado y el resto las estaciones de servicio).

La entidad dice que "es una medida muy genérica, que posiblemente tenga incluso un carácter regresivo, dado que los hogares de menores rentas probablemente tengan un menor consumo de esos productos".

Además, considera que sería deseable que las medidas tuvieran carácter selectivo para "no fomentar un exceso de demanda que agrave los cuellos de botella y realimente el proceso inflacionista".

El Banco de España señala que hay segmentos de hogares cuyas condiciones de vida se han visto particularmente afectados por el encarecimiento de la energía y ve deseable que el pacto de rentas (el reparto de los costes de la inflación entre trabajadores y empresas) implicase una menor merma de recursos para ellos.

Y es que, según el informe, la incidencia del repunte de los precios de la energía sobre los distintos tipos de hogares y empresas estaría siendo muy heterogénea. 

En este sentido, dice que los hogares con menor renta habrían soportado, en los últimos meses, una tasa de inflación significativamente mayor, y algunos sectores, como el transporte, y algunos tipos de empresas, como las pequeñas, que usan más intensivamente energía en sus procesos productivos, habrían sufrido un mayor aumento de sus costes y un mayor deterioro de su situación económica y financiera. 

Por eso, el Banco de España dice que sería deseable que las políticas públicas, en particular la fiscal, tuvieran en cuenta esos impactos asimétricos y, de forma focalizada y temporal, "trataran de mitigar los efectos adversos sobre los colectivos más vulnerables". 

Además, considera recomendable evitar un "impulso fiscal generalizado", dada la necesidad de evitar una realimentación del actual proceso inflacionista y el "escaso margen presupuestario" por el déficit y la deuda públicos tan elevados que hay.

El Banco de España, que dedica un capítulo de su informe a "La economía española ante el cambio climático", señala que sería conveniente que las políticas públicas articularan mecanismos para compensar, con carácter temporal, a los hogares más vulnerables por los mayores costes que la transición ecológica les podría suponer.

También hace referencia a la fiscalidad medioambiental, que considera que hay que potenciar y mejorar en España, que recuerda que es uno de los países de la UE con una menor recaudación fiscal ambiental durante las dos últimas décadas por la menor tributación sobre la energía, y en particular por los impuestos sobre los hidrocarburos.

Según el informe, un tercio del diferencial recaudatorio de España se debe a una menor imposición sobre el transporte.

El Banco de España señala que con los recursos adicionales de una mayor fiscalidad medioambiental se podrían desplegar políticas compensatorias para reducir los costes de la transición energética en el corto plazo a las empresas y los hogares más vulnerables.

No obstante, señala que las medidas compensatorias debe ser diseñadas "cuidadosamente", y las destinadas a los hogares articularse a través del IRPF y condicionadas por el nivel de renta.

Además, dice que esas medidas compensatorias podrían estar condicionadas a la toma decisiones de consumo y de inversión coherentes con la transición energética, con, por ejemplo, "cheques verdes" para invertir en equipamiento que favorezca una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

El informe también habla del papel de los fondos de recuperación europeos Next Generation y considera que podría ser conveniente extender el período contemplado para la petición de préstamos para evitar el riesgo de que las inversiones pudieran discontinuarse, al tiempo que también ve deseable que haya nuevas herramientas europeas para financiar con carácter permanente necesidades de inversión estructurales, como las asociadas al cambio climático.