El exalcalde de Cee Ramón Vigo y cuatro ediles que formaban parte de su gobierno en 2015 han quedado absueltos de un delito de prevaricación administrativa en el juicio celebrado estes jueves en la sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña. La Fiscalía pedía para ellos doce años de inhabilitación y la defensa la libre absolución por la adjudicación de una obra mediante un procedimiento directo. Al término de la sesión, la sala dictó sentencia oral, que ahora deberá redactarse para su notificación por escrito.

Las actuaciones vienen del Gobierno local anterior, que las había iniciado con procedimiento negociado sin publicidad, pero cambió una de ellas –en la calle Rosalía de Castro– a procedimiento abierto ante la falta de empresas que se quisieran hacer cargo, una decisión que revocó el nuevo gobierno que entró en mayo de 2015, encabezado por Vigo, para “invitar a más empresas” y adjudicar la actuación de forma directa.

En el juicio, Vigo alegó que cambiaron el sistema de adjudicación de esta obra “por premura” para no “perder” una subvención de la Diputación. Explicó que cuando llegó a la alcaldía en 2015 –ya la había tenido entre 2007 y 2012– le dijo un funcionario “que hay cuatro obras que quedaron desiertas” y “urge licitarlas porque están pendientes de una subvención” del ente provincial.

En la lectura de conclusiones, la Fiscalía mantuvo la petición de una pena de inhabilitación durante doce años para cada uno de los procesados –Vigo y como coautores los cuatro ediles que formaban parte de la Junta de Gobierno Local–. En contraposición, las defensas solicitaron la libre absolución.
 

Declaraciones

“Soy médico, no soy jurista, pero mi experiencia me dice que en muchas ocasiones se producen dilaciones y se pierden subvenciones, un procedimiento abierto tenía más probabilidad de que se dilatase en el tiempo con riesgo a perderla”, ha argumentado Vigo para justificar su decisión.

Tras afirmar que tenía conocimiento de que los informes de la secretaria y la interventora del Concello advertían de que este proceso “no seguía los cauces normalizados”, Ramón Vigo añadió que en ese momento consultó con una abogada, su “hermana”, quien le aseguró que “no veía problema en que se hiciera así”. En la misma línea, ha recordado que, con posterioridad, la Diputación emitió un “informe más completo que valida la decisión” municipal. “Es un procedimiento que hacían alcaldes antes de mi llegada y lo hace la alcaldesa actual, la denunciante, cuando corresponde, no es algo extraño, no tiene por qué contradecir la norma”, ha puntualizado.

De los cuatro ediles miembros de la Junta de Gobierno Local de entonces,  Juan Bautista se acogió a su derecho a no declarar en la vista. En cuanto al resto, Pilar Iglesias ha explicado que era “conocedora de los informes desfavorables” y Carmela Díaz ha asegurado que votó “a favor porque es una buena obra para el pueblo, por el interés público” en un momento en que “era novata” en el ámbito municipal. Yolanda García ha argumentado que tenía confianza “plena” en Vigo y este le había dicho “que no tenía ningún problema jurídico, que era bueno para el pueblo, que se había asesorado” y que no habría problemas posteriores. También ha apuntado a que todas las votaciones pasaban por la “voluntad” del alcalde, que actuaba como “líder” del grupo.

Por su parte, la que era secretaria del Concello ha ratificado en su declaración que en su momento comunicó a la Junta de Gobierno que el expediente del acondicionamiento de la calle Rosalía de Castro a través de un procedimiento negociado de contratación de la Ley de Contratos del Sector Público “no era correcto”. En la misma línea, la interventora municipal ha indicado en la vista que su informe fue desfavorable porque “se habían omitido elementos esenciales”. Por otro lado, el asesor técnico jurídico en la Diputación de A Coruña ha avalado la actuación municipal y ha señalado que “probablemente se les echaban encima los plazos”.