La paralización cautelar masiva de casi 60 proyectos eólicos en toda Galicia en lo que va de año está ocasionando pérdidas millonarias a empresas de la Costa da Morte que se dedican a las energías renovables. Una de ellas es la carballesa Garaysa. 

Según explicó el gerente de la firma, Pablo Echegaray, en una jornada organizada hace unas semanas por el Clúster das Enerxías Renovables de Galicia, en la actualidad Garaysa tiene “un almacén con ocho millones de euros en equipos comprados sin saber cuándo se va a restablecer la situación”. Echegaray señala que la empresa que comenzó hace 18 años en el tema de las renovables trabajando en el mercado internacional de Latinoamérica ha intentado trabajar en Galicia, pero la experiencia no ha sido buena. 

“Una vez que llegamos aquí de vuelta, hacemos un proyecto a un cliente, y cuando teníamos el 80% ejecutado nos lo paralizan por una medida cautelar” indica. Hace año y medio volvieron a sufrir otro varapalo: una nueva paralización, esta vez con todos los materiales comprados valorados en ocho millones de euros. 

“Esto nos hace un gran daño, no solo económico, sino también moral. Lo que queríamos era volver a trabajar aquí y que el personal de la empresa pudiese conciliar. Tenemos muy poquito ánimo y pocas ganas”, lamenta el empresario.

Una decena de suspensiones

Lo preocupante para estas empresas es que la situación no tiene visos de estabilizarse en un futuro cercano en vista de que se siguen paralizando cautelarmente proyectos. Solo en lo que va de año, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha paralizado 59 proyectos eólicos que se estaban tramitando o estaban autorizados en Galicia, nueve de ellos en la Costa da Morte. Se trata de los parques Monte da  Croa (Dumbría y Vimianzo), Meirama (Cerceda y Ordes), Monte  Neme (Carballo y Malpica), O  Cerqueiral (Cabana, Coristanco  y Santa Comba), As Encrobas (Cerceda, Carral y Ordes), Banzas  (Outes, Mazaricos y Negreira),  Coto Loureiro (A Laracha y Cerceda), Alvite II (Santa Comba, Mazaricos y Negreira) y el último, cuya paralización se decretó en el mes de septiembre, el de Monteagudo, entre Arteixo, A Laracha y Carballo. 
Las medidas cautelares del alto tribunal gallego se basan en cuestiones medioambientales, al entender que debe prevalecer la preservación del medio ambiente “frente a os intereses públicos en la utilización de las energías renovables y económicos de la promotora”.  

Así, en el caso de la paralización del proyecto de Coto Loureiro que se falló a mediados de junio, el auto recalca que queda indiciariamente acreditada “la presencia de lobo en el entorno y la ausencia de realización de acciones previas que salvaguarden las zonas de encame o de encuentro”. Con respecto al de Alvite II, el tribunal subraya que resulta acreditado que la propia Declaración de Impacto Ambiental (DIA) “contempla como hipótesis que la captación de aguas, de la que se abastecen algunas de las casas relacionadas en el informe pericial de la demandante, sí pueden ser afectadas por las obras, sin que la Sala aprecie de qué forma se prevé en la DIA paliar o neutralizar los efectos durante las obras, lo cual resulta especialmente grave, teniendo en cuenta que se trata del agua potable de los afectados”. 

Asimismo, en el auto del mes de septiembre por el que se paraliza el proyecto eólico de Monteagudo, el tribunal entiende que también se ha probado indiciariamente “la afección por proximidad a espacios de gran valor natural y paisajístico”.

El único proyecto que por ahora el tribunal ha descartado  paralizar es el de Monte Inxeiro, ubicado en Ordes y Cerceda. Al respecto de la solicitud que formulan cinco vecinos, el TSXG destaca que “no alcanza a la suspensión de la entrada en funcionamiento del parque (que no cuenta todavía con autorización), sino a la suspensión de su construcción, aunque esta sea un trámite previo y necesario para su operatividad”. 
La Sala desestima la solicitud porque concluye que no se ha acreditado que la construcción de las instalaciones ocasione un daño o perjuicio irreparable o de difícil reparación.