La Guardia Civil ha detenido a dos personas e investigado a otras tres por su presunta implicación en un delito continuado de estafa masiva, usurpación de identidad, falsedad documental y blanqueo de capitales en Galicia y el País Vasco, cuyo perjuicio económico supera los 350.000 euros.

La operación se ha desarrollado bajo la dirección del Juzgado de Instrucción Nº 2 de Santiago y ha permitido esclarecer un total de 62 delitos, informa el Instituto Armado.

La investigación se inició en 2022, cuando una vecina de Teo denunció la apertura fraudulenta de una cuenta bancaria a su nombre para lo que se había utilizado una fotografía de su DNI sin su consentimiento.

A medida que avanzaban las pesquisas, se detectó que los fondos obtenidos de forma ilícita se transferían a otras cuentas bancarias también abiertas fraudulentamente mediante la usurpación de identidades.

Cuando las víctimas fueron informadas de la existencia de estas cuentas, interpusieron las correspondientes denuncias por usurpación de identidad. 

El grupo criminal abría de forma fraudulenta estas cuentas bancarias, utilizadas para la contratación de tarjetas de crédito con las que realizaban compras y retiraban dinero en efectivo. 

Además, solicitaban préstamos a nombre de las víctimas, para lo cual falsificaban documentación, como nóminas y certificados de titularidad de cuentas bancarias. En algunos casos, los préstamos alcanzaban importes de hasta 29.000 euros.

Para obtener la documentación personal de los afectados, la principal investigada ofrecía falsas ofertas de empleo, dirigidas a jóvenes de su entorno cercano, amistades y familiares.Este engaño les permitía acceder a sus DNI, que posteriormente eran utilizados para abrir cuentas, solicitar créditos y dar de alta líneas telefónicas para cometer los delitos. 

Como parte de la investigación, se llevó a cabo un registro en el domicilio de los detenidos en A Laracha, donde se halló documentación falsificada y tarjetas SIM empleadas en los fraudes.

Hasta el momento, se han identificado un total de 62 víctimas, y se ha constatado que el beneficio obtenido por los investigados supera los 350.000 euros. 

Aunque la mayoría de los afectados residen en las comarcas de Santiago de Compostela y Bergantiños, también se han detectado perjudicados en Pontevedra y el País Vasco.