El Gobierno central concederá una ayuda de hasta 10.800 euros para aquellos jóvenes –menores de 35 años, inclusive– que decidan adquirir una vivienda para uso habitual en los municipios de menos de diez mil habitantes, que en el caso de la Costa da Morte son 16. Esta subvención tendrá también una ayuda de hasta 360 euros al mes en los casos en los que se opte por el alquiler.
Así lo informó este miércoles la subdelegada del Gobierno, María Rivas, en una reunión de trabajo mantenida  en la Casa de Cultura de Vimianzo con los alcaldes de Fisterra, José Marcote; Carnota, Juan Manuel Saborido; Cabana, José Muíño; Laxe, Francisco Charlín; Corcubión, Manuel Ínsua; Dumbría, José Manuel Pequeño; Vimianzo, Mónica Rodríguez; además del edil de Zas Óscar Lema y la concejala de Camariñas Encarnación Liñeiro.

Reto demográfico
La subdelegada destacó el impacto de esta medida en la Costa da Morte, donde casi todos los municipios (excepto Carballo y A Laracha) tienen menos de diez mil habitantes, con el objetivo de afrontar así el reto demográfico. “Traballamos convencidos de que conseguiremos revertir a perda de poboación destes territorios, camiñando cara a cohesión territorial e social en España e en Galicia”, afirmó María Rivas.
El programa de ayudas a jóvenes para contribuir al reto demográfico es uno de los tres programas que forman parte del nuevo Plan estatal de Acceso a la vivienda 2022-2025, que aprobó la semana pasada el Gobierno central, con el objetivo de atraer población joven a los municipios más pequeños y propiciar así el asentamiento de población. Para ello se contemplan las dos ayudas ya mencionadas. La de 10.800 euros o hasta el 20% del precio de la vivienda, cuyo coste no deberá superar los 120.000 euros; y otra ayuda para el alquiler por cinco años. Será una aportación mensual que cubrirá hasta el 60% de la renta hasta un máximo de 360 euros. Esta ayuda será compatible con el bono de alquiler joven de forma que puede cubrir hasta el 75% del coste total.
Rivas apuntó que estas ayudas tienen vigencia desde el 1 de enero, por lo que en el momento en que se convoquen las órdenes correspondientes, beneficiarían a los contratos firmados desde inicios de año. Recordó que se trata de un programa que atiende a un derecho constitucional básico y que es una oportunidad para evitar la despoblación. “Non hai ideoloxía na que escudarse, cando se trata de atender a chamada de atención do mundo rural ou negarlles esa axuda, ese empuxón que necesitan os mozos para empezar as súas vidas, e non poden facelo por carecer de medios suficientes para acceder a unha vivenda”, afirmó Rivas.