La juez que investiga una presunta agresión sexual cometida supuestamente por el letrado Cándido Conde Pumpido Varela, hijo del presidente del Tribunal Constitucional, ha suspendido la declaración de la denunciante, prevista para este martes, porque la mujer no acudido al no haber recibido la citación.

La titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid había citado a la denunciante para que declarase y ese testimonio fuera una prueba preconstituida de cara a todo el proceso, en una vista a la que estaban convocadas todas las partes.

Pero ni la denunciante ni su letrada, Beatriz Uriate, han recibido esta citación, según han explicado a EFE fuentes de esta acusación, que han precisado que la víctima irá a declarar en cuanto sea citada formalmente.

El letrado de Cándido Conde Pumpido, Ricardo Álvarez-Ossorio, ha explicado al salir de los juzgados de Plaza de Castilla que la denunciante no había acudido y no ha expuesto para ello "ninguna justificación ni ningún motivo". "No se ha documentado ni justificado nada", ha asegurado.

Por eso ahora deberá ser citada de nuevo, en una declaración que el letrado ha confiado en que sea pronto, y de cara a la que ha pedido que se trate de una declaración "normal" y no como prueba preconstituida.

Álvarez-Ossorio no ha contestado a la preguntas relacionadas con el estado de salud de su cliente.

Fuentes cercanas al entorno de Cándido Conde Pumpido han confirmado que está ingresado en un centro psiquiátrico desde el pasado viernes, cuando sus allegados decidieron solicitar al juzgado que ordenara esta medida ante el deterioro de su estado mental, ya que se trata de una persona con depresión a la que ha afectado la denuncia.

El hijo del presidente del Constitucional, con el que comparte nombre, fue detenido el día 3 de noviembre junto a otros dos hombres, acusado de una agresión sexual grupal a una mujer con la que el letrado contactó para que acudiese a su casa, y que les denunció ese mismo día.

La Policía los detuvo y el domingo los puso a disposición del Juzgado de Instrucción número 44 de Madrid, en funciones de guardia, que les dejó en libertad sin medidas cautelares después de la que la Fiscalía pidiera que se les impusiese orden de alejamiento y prohibición de comunicación con la denunciante.

En el auto, al que tuvo acceso EFE, la magistrada María Isabel Durántez explica que, por lo investigado hasta ese momento, "no concurre una situación objetiva de riesgo para la denunciante que justifique la adopción de la medida cautelar interesada".

Y relata que las imágenes aportadas por el letrado, obtenidas de las cámaras de seguridad de su domicilio el día 3 de noviembre, "desvirtúan la versión" mantenida por la mujer, ya que se van viendo diferentes dependencias de la casa a lo largo de la madrugada y de primera hora de la mañana y en ninguna aparece otro de los denunciados, que además ha acreditado que estaba en otro lugar.

Para la letrada de la denunciante estas grabaciones no son todas las que hay y ha solicitado que se entreguen todas las que existan.