Da la impresión que los políticos se enteran ahora de que en España hay problemas de viviendas –escasez y precios desorbitados–, cuando este problema viene afectando desde hace tiempo a amplios sectores de la población aunque haya cobrado especial gravedad en los últimos años.

Una de las causas, la más importante, es la negligencia y dejadez de todas las administraciones que no impulsaron la construcción de viviendas y ahora, repartiéndose las culpas, ha de asumir un fracaso que es responsabilidad de todos. En lugar de centrarse en la construcción de casas y pisos asequibles y en “controlar” el mercado inmobiliario, favorecieron la especulación y con ella las burbujas inmobiliarias, como la de la crisis de 2008, cuyas consecuencias devastadoras aún se están pagando ahora.

Es lo que trae consigo tratar la vivienda más como una mercancía que como un bien social, y su primera consecuencia es un aumento desmesurado de los precios de compra y alquiler, haciendo inalcanzable poder adquirir una casa propia o acceder a un alquiler asequible sean metas inalcanzables, sobre todo para los jóvenes y para otros colectivos  vulnerables.

El problema, que antes afectaba principalmente a las clases menos pudientes, impacta ahora en grupos más amplios, incluyendo a la clase media, y saltó a la calle. La precarización del trabajo, los salarios estancados y el aumento del costo de vida han hecho que incluso sectores tradicionalmente acomodados experimenten dificultades para acceder a una vivienda digna en compra o alquiler.

¿Por donde pasan las soluciones? No tengo duda alguna de que si se reuniera una representación de políticos de todas las ideologías para hablar de este problema coincidirían en las causas de la escasez y elevados precios de la vivienda, en las consecuencias y en las medidas necesarias para hacerle frente.

Partirían de que el gran objetivo es salvar la brecha entre la oferta escasa y la demanda creciente y en la necesidad de involucrar a todas las administraciones e impulsar la colaboración público-privada. En paralelo habrá que movilizar suelo, recuperar la seguridad jurídica, no demonizar a los propietarios, actuar frente a la okupación, simplificar la burocracia y agilizar licencias para las promociones…

En un rapto de sensatez coincidiría también en que las medidas temporales, como los 200 millones para ayuda de alquiler a los jóvenes, son parches que no resuelven un problema complejo y urgente que requiere que todos se pongan manos a la obra en un gran pacto nacional. Solo con actuaciones conjuntas se puede abordar una sana regulación del mercado inmobiliario, no para intervenir precios, sino para la construcción de parques de viviendas públicas y privadas asequibles. De no hacerlo, el problema continuará perpetuando la desigualdad económica y abriendo las puertas a la inestabilidad social.