El primer ministro de Portugal, António Costa, dimitió este martes por la investigación en su contra por posible prevaricación, corrupción activa y pasiva, y tráfico de influencias en negocios de litio e hidrógeno, aunque aseguró que no ha cometido ningún acto ilícito.

"En estas circunstancias, obviamente, presenté mi dimisión a su excelencia el presidente de la República", afirmó el socialista en una intervención televisada, en la que señaló que el cargo de primer ministro no es compatible con la "sospecha de la práctica de cualquier acto criminal". 

La investigación, en la que se han registrado más de 40 lugares, se centra en las concesiones de explotación de litio en las minas de Romano y Barroso, en el norte del país; además de un proyecto de una central de producción de energía a partir de hidrógeno y otro para la construcción de un centro de datos, ambos en Sines.

La Fiscalía ha emitido órdenes de detención contra el jefe de gabinete del primer ministro, el alcalde de Sines y dos de sus administradores en la sociedad "Start Campus" y contra un abogado, que serán presentados ante la Justicia para ser interrogados.

También fueron declarados "arguidos" (sospechosos formales, una figura previa a la acusación) el ministro de Infraestructuras, João Galamba, y el presidente del Consejo Directivo de la Agencia Portuguesa del Ambiente.

Los registros fueron dictados por la Fiscalía y se están desarrollando a través de la Policía de Seguridad Pública (PSP) y la Autoridad Tributaria y Aduanera.

Participan en el operativo 17 magistrados de la Fiscalía lusa, tres magistrados judiciales, dos representantes del Colegio de Abogados, cerca de 145 agentes de la PSP y nueve de la Autoridad Tributaria.

Medios locales informaron de que los agentes también registraron la residencia oficial del primer ministro, António Costa, que se ha reunido este martes con el presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa.