El BNG, a través del diputado autonómico Daniel Pérez, demandó este lunes a la Xunta una actitud “firme e proactiva” en defensa de la actividad y el empleo en la factoría de Celsa Atlántic en A Laracha. Una fábrica que, según recordó, se encuentra en un “escenario de gran incerteza”  tras la sentencia del juzgado de lo mercantil número 2 de Barcelona dando la razón a los acreedores frente a los que todavía son dueños de la siderúrgica.

El BNG ha tramitado por vía de urgencia una batería de iniciativas en las que reclama una acción coordinada de la Xunta y las administraciones locales afectadas –fundamentalmente los concellos de Carballo y A Laracha– para garantizar la continuidad de la actividad empresarial y el mantenimiento del empleo en la planta.

La sentencia judicial avala el plan de reestructuración propuesto por los acreedores –entre los que se encuentran fondos como Deutsche Bank, Anchorage, Capital Group y Attesor Capital– y supone que estos, tras una quita y una refinanciación de la deuda, tomen  el 100% del capital. “Agora mesmo a cuestión é dilucidar se a operación precisa da autorización ou non do Consello de Ministros, que é o que mantén o Executivo estatal, pero máis aló das cuestións puramente xurídicas o que está en xogo é a viabilidade futura da empresa e o mantemento do emprego nas factorías da siderúrxica”, advierte Daniel Pérez.

La sentencia, explica el diputado nacionalista, afecta de lleno a la planta larachesa, que genera cerca de 200 empleos entre directos e indirectos y que, además, representa una parte muy importante de volumen del tráfico y mercancías que operan en el puerto de A Coruña. En base a la importancia de la planta en el empleo comarcal, en la actividad del puerto herculino y en el eje industrial de la comarca, “é precisa unha posición clara e unha actitude proactiva e coordinada na súa defensa”, concluye Pérez.