Galicia afronta el jueves y el viernes, 27 y 28 de abril, dos nuevas jornadas de huelga en el transporte de pasajeros, tras la del 31 de marzo, para reclamar nuevos convenios colectivos en las cuatro provincias, una movilización que los sindicatos convocantes -CIG, CCOO y UGT- convierten en huelga indefinida a partir del 8 de mayo.

Como en marzo, el principal motivo de la huelga es contestar la paralización en la negociación de los cuatro convenios provinciales, que no avanza en A Coruña, Ourense y Pontevedra, mientras que en Lugo ni siquiera se convocan reuniones, si bien hoy está convocado un encuentro en el Consello Galego de Relacións Laborais.

Otras razones para convocar el paro son la denuncia de la situación precaria del sector, en condiciones laborales y en prestación del servicio, y de los problemas de seguridad en los autobuses.

La primera jornada de huelga, justo antes de Semana Santa, se celebró en plena polémica por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia sobre el entendimiento entre las empresas Monbus y Alsa, y la orden a la Comisión Galega da Competencia a incoar un expediente sancionador "por indicios de repartirse el mercado" al presentarse a varios contratos para transporte por carretera en Galicia en 2020.

En aquella jornada de huelga en muchos puntos no se respetaron los servicios mínimos y el seguimiento fue muy alto.

Los sindicatos explican que la patronal ofrece una subida salarial de un 0,8 % -el IPC subió en Galicia un 6,4 % entre enero de 2022 y enero de 2023- sin cláusulas que garanticen el mantenimiento del poder adquisitivo.

Tampoco, según ellos, quiere entrar a negociar ninguna mejora relativa a la jornada o a las condiciones laborales y sociales de las plantillas.
CIG, CCOO y UGT acusan a la Xunta de precarizar el sector, al considerar el deterioro en las condiciones de trabajo y del servicio como derivada de los contratos licitados por las consellerías de Movilidad y Educación en los últimos años, infradotados de presupuesto.

Los sindicatos critican a las empresas que presentasen esos contratos, incluso con ofertas a la baja, para ahora intentar obtener beneficios a cuenta de las condiciones laborales y salariales.

Alertan de forma especial sobre el colectivo de acompañantes, formado en su mayoría por mujeres, que van en autobuses escolares o de transportes de algunos servicios concretos y que consideran como un servicio altamente precarizado.

Los sindicatos también cuestionan la situación de la flota de vehículos al observar que de manera general no está en buen estado, con autobuses antiguos, sin mantenimiento adecuado en algunos casos y con averías.

De hecho, sostienen que la antigüedad de los vehículos es, en ocasiones, superior a la exigida en los contratos de la Xunta, por lo que instan a una inspección.

Ya advirtieron en marzo que si la patronal continuaba en su actitud de entonces, que tildaban de inmovilista, el conflicto se intensificará, lo que se traduce ahora en dos nuevas jornadas de huelga y paros indefinidos.

El Diario Oficial de Galicia publica este miércoles la orden que establece los servicios mínimos, ampliados respecto a marzo al considerar también la huelga indefinida que empieza el 8 de mayo, un documento que los sindicatos consideran abusivos porque aseguran que implica una actividad media del 80 % que llega al 100 % en horas punta.

Así, ven negativamente la orden por la que la Xunta reconoce el carácter esencial del sector, pero, según argumentan, no media entre las partes, aunque hoy ha convocado la mesa de seguimiento en el Consello Galego de Relacións Laborais.

Los servicios incluyen 8.013 servicios de transporte regular de viajeros y añaden a todo el transporte escolar de más de 4 kilómetros, a todo el transporte de trabajadores antes de las 9:00 horas o después de las 18:00 horas y al transporte de usuarios de centro socioasistenciales además del desplazamiento de personas con discapacidad de Sarria y Redondela.

Además de esta orden de la Xunta, los municipios con transporte público urbano dentro de sus convenios provinciales también establecen sus correspondientes servicios mínimos.