Ada Colau afronta el último año de su mandato como alcaldesa de Barcelona con varios frentes judiciales abiertos -con las elecciones municipales de 2023 en el horizonte- por cuestiones como subvenciones públicas o supuestas presiones a empresas.

Las políticas turísticas, urbanísticas, ecológicas, de vivienda y del agua del Ayuntamiento de Barcelona han dado pie a numerosas acciones judiciales por parte de sectores afectados que, en algunos casos, han logrado que la justicia les diera la razón, como en las zonas de bajas emisiones.

Los partidarios de Colau ven en tantas querellas y contenciosos un "intento de las élites más decadentes de cortar el progreso y mantener los privilegios que les hacen más ricos", según defienden sus partidarios.

El caso más reciente se conoció este lunes, puesto que la Audiencia de Barcelona ha reabierto una causa contra Colau y los concejales Marc Serra y Lucía Martín, acusados por el fondo de inversión Vauras Investments de connivencia con los 'okupas' en un conflicto en un bloque de pisos de familias vulnerables.

El fondo asegura que el ayuntamiento de la capital catalana le ha multado por negarse a ofrecer un alquiler social a los ocupantes del bloque conocido como Bloc Llavors, que fue desalojado en mayo de 2021 por los Mossos d'Esquadra, y que le ha costado a la alcaldesa el ser investigada por delitos de coacciones y prevaricación.

El juzgado considera que, de ser ciertos los hechos, podría ser delictiva "la conducta consistente en compeler ilegítimamente" al fondo inversor para forzarle a ceder inmuebles para alquiler social, utilizando para ello como "mecanismo intimidatorio" la amenaza de no concederle licencias de obras o no desbloquear las que ya tenía paralizadas.

La Audiencia revocó parcialmente la decisión del juzgado de instrucción número 18 de Barcelona, que archivó la causa, y acordó la admisión a trámite de la querella, aunque solo por los delitos de prevaricación y coacciones, pero no por los de tráfico de influencias, cohecho, usurpación de atribuciones y negociaciones prohibidas a funcionarios que también planteaba el fondo inversor.

El concejal de Derechos de la Ciudadanía y del distrito de Sants-Montjuïc, Marc Serra, negó en una comparecencia ese mismo día junto a la concejal Lucía Martín y el abogado Àlex Solà las acusaciones: "A este fondo de inversión no se le dijo nada más que el contenido de la ley, se le requirió para aplicar la ley y como no obedeció la ley, se le incoó un procedimiento sancionador".

CONCESIÓN DE SUBVENCIONES

Colau también tiene abierta otra causa por presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones directas a entidades de la ciudad, muchas de ellas cercanas a personalidades del partido de la alcaldesa, Barcelona en Comú.

La edil de la capital catalana -acusada de prevaricación, fraude en la contratación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios-, tuvo que declarar ante el juez en marzo, negó las irregularidades y aseguró que la mayoría de subvenciones venían de la época de Xavier Trias.

Colau afirmó en su declaración ante el juez que ella no participaba en la concesión de las subvenciones, y que cuando llegó a la alcaldía la concesión se delegó expresamente a los responsables de cada área municipal.

Algunas de las entidades que han recibido subvenciones directas son el Observatorio DESC, de la que proceden miembros de los Comuns como el exconcejal Jaume Asens-; Enginyers sense Fronteres, vinculada antes de su actividad política al concejal Eloi Badia; o la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que sirvió a Colau para saltar a la primera línea política.

La denuncia la presentó la desconocida Asociación por la Transparencia y la Calidad Democrática (ATCD), que desde el entorno de los Comuns la vinculan directamente a Agbar -con la que el Ayuntamiento mantiene contenciosos por su voluntad de remunicipalizar el agua-, y de la que poco se sabe más allá de haber interpuesto la demanda contra la alcaldesa.

La Fiscalía, a raíz de una denuncia anterior casi idéntica de Abogados Catalanes por la Constitución, ya había descartado que hubiera delito penal en las subvenciones, más allá de posibles infracciones administrativas que los demandantes descartaron llevarlas al juzgado contencioso-administrativo.

En el contexto de esta causa, esta semana ha declarado una interventora municipal del ayuntamiento, que ha avalado la legalidad de las subvenciones por las que está investigada la alcaldesa, aunque ha reconocido que en 2019 emplazó a que las ayudas se adjudicaran mediante los presupuestos para reforzar su control político.

OTROS FRENTES

El gobierno municipal también cuenta con otros frentes abiertos, como la imputación en 2021 de Janet Sanz por presuntos delitos de prevaricación, coacciones, omisión del deber de perseguir el delito y obstrucción a la justicia.

La segunda teniente de alcaldía de la ciudad de Barcelona está investigada -cuyo caso sigue en instrucción- por su negativa a autorizar las obras y apertura de un hotel en la casa okupada Buenos Aires.

Tras declarar ante el juez en marzo de 2021, la segunda teniente de alcaldía apeló al "interés general" y defendió que la negativa a autorizar estas obras se produjo en el marco de la legalidad, y que se pretendía proteger un equipamiento modernista de la ciudad.

Aunque el código ético de Barcelona en Comú emplaza a la dimisión en casos de imputación, ni la alcaldesa de Barcelona ni tampoco Janet Sanz tienen previsto renunciar a su cargo por los frentes abiertos en la justicia.

El código ético contempla explícitamente la dimisión "o cese de forma inmediata de todos los cargos, ante la imputación por la judicatura de delitos relacionados con corrupción, prevaricación con ánimo de lucro, tráfico de influencias, enriquecimiento injusto con recursos públicos o privados, soborno, malversación y apropiación de fondos públicos, ya sea por interés propio o para favorecer a terceras personas".