La proporción de viviendas vacías en Galicia respecto del total del parque inmobiliario gallego dobla a la del conjunto estatal, al situarse en el 28,8%, lo que supone que casi tres de cada 10 se encuentran en esta situación, frente al 14,4% de la media, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondientes al año 2021.

De acuerdo con estas cifras, las viviendas vacías en Galicia en ese año alcanzaron las 506.370, de un total de 1.757.739. En todo el estado son más de 3,8 millones las viviendas vacías de un parque inmobiliario compuesto por más de 26,6 millones de viviendas.

Estos números se hacen públicos en medio del debate por la ocupación ilegal de vivienda en España, o, lo que es lo mismo, por la usurpación de vivienda deshabitada --diferente al allanamiento de morada, que es el que se produce en una vivienda habitada--.

Tras incrementos de los procedimientos para recuperar vivienda ocupada ilegalmente en Galicia como el registrado en el primer semestre de 2020, los últimos datos oficiales dan cuenta de una reducción.

Así, los juzgados gallegos ingresaron 19 demandas por ocupación ilegal de viviendas en el primer trimestre del año en casos en los que los propietarios son personas físicas, entidades sin ánimo de lucro o entidades públicas poseedoras de vivienda social, un 34,5% menos que en las mismas fechas de 2022.

Poniendo en relación el número de procedimientos ingresados con la población, en la comunidad gallega se registraron 0,7 por cada 100.000 habitantes, por debajo de la media.

Estas cifras se desprenden de la estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre el efecto de la crisis en órganos judiciales. De los 19 procesos en Galicia en el primer trimestre, ocho se corresponden con Pontevedra, seis con A Coruña, cuatro con Lugo y uno con Ourense.

En 2020 fueron 94 los procedimientos para recuperar una vivienda ocupada ilegalmente, en 2021 se registraron 78 (-17%) y en 2022 alcanzaron el dato de 101 (+29,5%).

Diez gallegos entre los veinte mayores

Sobre la problemática de viviendas vacías, según la última información publicada por el INE al respecto, diez de los 20 municipios con mayores porcentajes de viviendas vacías se encuentran en Galicia, y ninguno es gallego entre los de menor porcentaje.

Así, entre los municipios mayores de 10.000 habitantes según porcentaje de viviendas vacías figuran Mos, en Pontevedra (46,5%), Monforte de Lemos, en Lugo (40%), Verín, en Ourense (38,4%), Lalín (35,8%), O Porriño (34,9%) y Bueu, en Pontevedra (34,8%), Viveiro, en Lugo (34,7%), Rianxo (34,4%) y Betanzos, en A Coruña (32,8%) y Sarria, en Lugo (32,7%).

Por su parte, entre las ciudades mayores de 200.000 habitantes según porcentaje de viviendas vacías se sitúan Vigo (15,1%) y A Coruña (14,7%).

Cada vez más

Frente a esto, la federación gallega de empresas inmobiliarias (Fegein) considera que lo que denomina "okupación" se ha "agravado" a lo largo de 2022, y advierte de que "muchas de las ocupaciones ya ni siquiera se denuncian ante la inseguridad jurídica y la tardanza judicial para solucionar el problema".

"Son cada vez más los propietarios afectados por esta lacra los que contratan servicios de empresas de okupaciones o intentan llegar a un acuerdo económico con los okupas, lo que es muy preocupante por el efecto multiplicador que ello conlleva para erradicar este grave problema", avisa.

Violencia para desocupar

Por su parte, la Xunta firmó el pasado febrero un nuevo convenio con el Consello da Avogacía Galega, que elaboró una guía informativa en la que advierte, entre otras cuestiones, del "peligro que puede correrse al contratar" a este tipo de empresas.

"En el caso de que utilicen medios ilegales, como coacciones o violencia, estaríamos ante una responsabilidade penal aún más grave que el propio delito de violación de morada, que afectaría a la persona que la contrata", constata.

Al margen de este tipo de acuerdos y pronunciamientos sobre la ley estatal de vivienda, la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda afirma que no puede valorar la evolución de la situación en los últimos meses "porque, de hecho, los últimos datos que facilitó la Delegación del Gobierno son del año pasado, concretamente, relativos al periodo enero-julio 2022".

El papel de la Sareb

El presidente de Fegein, Benito Iglesias, señala que la mayor parte de las ocupaciones se producen en propiedades de la Sareb (la gestora de activos procedentes de la restructuración bancaria).

La Sareb, por su parte, avisa de que el 40% de las que recibe llegan ya "ocupadas", debido al tiempo que pasa hasta que las incorpora, por ejemplo, después de una ejecución hipotecaria, por lo que pasan "años en los que las casas están vacías".

"Hay millones de casuísticas", resaltan fuentes de la Sareb, que el año pasado puso en marcha un programa de vivienda social por el cual estudia caso a caso el tipo de persona que ocupa de forma ilegal una vivienda. Si es un individuo o familia vulnerables, les ofrece un alquiler social.

Hay quien no colabora en este programa y según explica la Sareb esos son los casos "que salen en los medios de comunicación", los de la "ocupación conflictiva".

En septiembre, el denominado 'banco malo' ofrecerá datos territorializados. Por ahora, traslada los del conjunto estatal, a fecha del pasado 30 de mayo: 2.349 personas viven en sus viviendas y no son vulnerables. Con base en el programa de alquiler social ha firmado 2.845 alquileres sociales y tiene 4.105 alquileres en estudio.