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lunes | 25 noviembre | 2024
Telefónica y sindicatos han llegado a un principio de acuerdo para el expediente de regulación de empleo (ERE) planteado por la compañía en España, después de que haya reducido la afectación a 3.411 personas y mejorado la propuesta económica, aunque está condicionado a la renovación del convenio colectivo.
Según han informado fuentes sindicales, la compañía ha realizado este jueves una nueva propuesta, en la que incluye la reducción en 148 de las personas afectadas por el ERE, hasta las 3.411, además de una mejora de la propuesta económica, tanto de las rentas como del acompañamiento.
Representantes de la compañía y los sindicatos se han vuelto a reunir en las mesas de negociación de las tres entidades jurídicas de Telefónica en España -Telefónica Móviles, Telefónica Soluciones y Telefónica España- para continuar con las negociaciones de un ERE que la empresa planteó en un principio para hasta 5.124 empleados, un tercio de su plantilla.
No obstante, según su última propuesta, este ERE afectará a 2.958 trabajadores de Telefónica de España, 397 de Telefónica Móviles y 56 de Telefónica Soluciones.
Además, durante las reuniones de hoy, la compañía ha hecho una nueva oferta económica basada, al igual que las anteriores, en tres tramos en función del año de nacimiento.
Para los nacidos en 1968, Telefónica ha ofrecido subir la proporción del salario que percibirían los trabajadores hasta los 63 años, desde el 65 al 68 %, mientras que hasta los 65 años, lo aumenta en cuatro puntos hasta el 38 %.
Para los nacidos entre 1967 y 1964, el porcentaje se rebaja a un 62 % del salario regulador hasta los 63 años (dos puntos más) y un 34 % hasta los 65 (dos puntos más), además de una prima de voluntariedad de 10.000 euros.
Finalmente, los nacidos en 1963 o años anteriores recibirán un 52 % del salario regulador hasta los 63 y un 34 % hasta los 65, lo que supone un aumento de dos puntos en ambos casos. Además, la prima de voluntariedad también aumenta en este caso hasta los 10.000 euros.
En su última propuesta, Telefónica ha incluido a los nacidos en 1964 en el segundo tramo de edad, cuando anteriormente lo agrupaba en el tercero.
Con respecto a las condiciones complementarias, la compañía ofrecerá reversibilidad de las rentas, abonará el descuento de la seguridad social del empleado durante el paro, pagará el seguro colectivo hasta los 63 años, el 100 % de la póliza de salud básica hasta esa edad y la inclusión de los mayores de 65 años.
Asimismo, se compromete a crear empleo igual al 7 % de la afectación o pagar el 100 % del seguro colectivo si los trabajadores no se pueden jubilar anticipadamente a los 63 y hasta que lo haga, aportar.
La compañía también facilitará la salida de los 100 trabajadores que no pudieron hacerlo en el anterior plan de separación individual (PSI), acordado en 2021.
Según el calendario que manejan empresa y sindicatos, el periodo de adscripción a este ERE estará abierto entre el 9 de enero y 8 de febrero de 2024, mientras que la empresa contestará el 14 de febrero.
Las mayoría de las salidas se producirán el 29 de febrero, aunque el ERE estará abierto hasta el 31 de marzo de 2025.
Si no se llega al número establecido, habrá salidas de carácter forzoso, algo que los sindicatos habían intentado evitar desde el principio.
Desde UGT han valorado "positivamente" los avances recogido en la nueva propuesta, así como la "voluntad negociadora" de la compañía.
No obstante, recuerdan que la firma de este ERE está condicionada a la del nuevo convenio colectivo de la compañía. A este respecto, UGT espera que la empresa acepte sus postulados durante la reunión de esta tarde.
Cuando se llegue a un acuerdo en el convenio colectivo, los sindicatos elevarán a sus órganos consultivos ambas propuestas.
Tres meses después de saberse que la operadora saudí STC se había hecho con casi un 5 % del capital de Telefónica, el Gobierno ha autorizado a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a comprar hasta un 10 % de la compañía, en una operación que se realizará "en el menor tiempo posible".
CUÁLES SON LOS PRÓXIMOS PASOS
Tras la autorización del Gobierno el pasado 19 de diciembre, el Consejo de Administración de la SEPI deberá ahora "tomar razón del contenido del acuerdo del Consejo de Ministros" al respecto "para iniciar las actuaciones que permitan llevar a cabo dicho acuerdo y ejecutar la operación", según han informado a EFE fuentes del ente público.
Como es habitual en este tipo de operaciones, la SEPI contratará un asesor financiero y un intermediario en bolsa para acometer la compra de acciones.
CUÁLES SON LAS OBLIGACIONES DE LA SEPI
Según el Real Decreto 1362/2007 del 19 de octubre y los modelos de información de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la SEPI tendrá que notificar al supervisor cuando su participación en Telefónica alcance o supere los umbrales del 3 %, el 5 % y el l0 %.
Así, si finalmente la SEPI alcanza el 10 % de la compañía, tendría que notificar a la CNMV en tres ocasiones la adquisición de estas participaciones.
Ello no impide que el ente público dé a conocer cualquier otra información relevante relacionada con la operación, tal y como hizo el martes pasado cuando notificó a la CNMV la orden que había recibido del Gobierno.
CUÁNTO SE PROLONGARÁ LA OPERACIÓN
En su notificación a la CNMV, la SEPI aseguró que intentaría minimizar el impacto en la cotización de la adquisición de estas acciones, y fuentes del ente público aseguran que la adquisición de acciones de la que en su día fuera la operadora pública y única de telefonía en España se acometerá "en el menor tiempo posible".
Sin embargo, los expertos consultados por EFE coinciden en que no será cuestión de días ni semanas, entre otros motivos porque ello podría tener un fuerte impacto en la cotización de la empresa.
Así, y según Renta 4, el proceso "podría durar meses". Igualmente, el analista de XTB Javier Cabrera sostiene que lo más probable es que la SEPI realice las compras directamente en el mercado por lo que, si se tiene en cuenta el volumen medio mensual negociado este año, la operación podría prolongarse hasta mitad de 2024.
"Además, si tenemos en cuenta que todo apunta a que la SEPI necesitará financiación extra, la operación podría comenzar más tarde de lo esperado", añade.
Esta valoración la comparten en IG, donde calculan que, si la SEPI quiere comprar acciones a través de órdenes que no provoquen unas fluctuaciones artificiales de mercado, necesitaría alrededor de un año para alcanzar este volumen.
La SEPI también podría comprar bloques significativos de acciones o acudir al mercado de préstamos de acciones, una opción que ya utilizó STC para su entrada en el capital de la teleco, que aspira a alcanzar el 9,9 %.
CAMBIOS EN EL ACCIONARIADO
Hasta la entrada de STC, el BBVA era el primer accionista de Telefónica, con un 4,87 %; seguido del fondo estadounidense BlackRock, con un 4,48 %, y la entidad financiera CaixaBank, con un 3,5 % directo, aunque Criteria -grupo que gestiona las participaciones de la Fundación La Caixa- cuenta con otro 2,53 %.
Por su parte, STC Group -que ha declinado a EFE pronunciarse sobre esta operación- anunció su entrada mediante la adquisición del 4,9 % de las acciones y un 5 % adicional en productos financieros derivados, que convertirá en acciones en caso de obtener las autorizaciones gubernamentales.
MOVIMIENTOS EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
El Consejo de Administración de Telefónica está formado actualmente por 15 consejeros, más un secretario y un vicesecretario.
CaixaBank y el BBVA -los dos accionistas de referencia de la compañía tras su privatización- cuentan con un vicepresidente cada uno, mientras que los 13 consejeros restantes son independientes.
Con el número de consejeros actual, la SEPI y STC podrían reclamar un vocal en el órgano al contar con una participación superior al 6,67 %.
No obstante, los estatutos de la operadora permiten aumentar el número de vocales hasta veinte, lo que bajaría el cociente para tener un consejero hasta el 5 % y permitiría a la SEPI contar con dos personas, siempre que alcance el 10 % del accionariado.
