El gobierno carballés propondrá al pleno penalizar a la concesionaria de la basura por las deficiencias en el servicio, tras constatar que no se han cumplido los servicios mínimos durante la huelga. El asunto será abordado por la corporación municipal en el pleno del 29 de julio.

El grupo de gobierno propone incoar el procedimiento que permita, si procede, la imposición de penalizaciones a la empresa concesionaria del servicio de recogida y gestión de la basura por “cumplimiento defectuoso del contrato”. Según la propuesta del gobierno, el Concello dará audiencia a la sociedad UTE Carballo y a  la entidad bancaria avalista del contrato para que, en el plazo establecido, presenten los documentos y alegaciones que consideren convenientes, en cuyo caso se solicitará el informe correspondiente a los servicios técnicos municipales.

El gobierno carballés señala a través de un comunicado que el servicio público de recogida de residuos sólidos urbanos “es esencial” para la comunidad y que el mantenimiento de unas condiciones esenciales de salubridad durante las jornadas de huelga “reviste interés general”. Por ese motivo, recuerda que para las jornadas de huelga convocadas por los trabajadores durante los meses de junio y julio se establecieron unos servicios mínimos que deberían prestarse por parte de la empresa y que no se cumplieron, según el informe emitido por la Policía Local tras realizar un seguimiento de las rutas de recogida establecidas.

Sanciones que pueden superar los 300.000 euros

Añade el gobierno que el pliego de cláusulas administrativas del contrato firmado en 2012 entre el Concello y la empresa recoge que las faltas cometidas por el contratista se penalizarán con multas que van desde los 600 euros, en los casos más leves, hasta los 300.000, en los más graves. En este caso, los servicios técnicos municipales consideran que la infracción debería ser tipificada como “muy grave”. Por ello, con la actualización del IPC previsto también en el contrato, la sanción podría ir desde los 32.648,92 hasta los 326.477,87 euros.

El pliego establece también el protocolo que debe seguir el Concello y que se corresponde con la propuesta que se lleva a pleno. Además de las sanciones económicas que puedan imponerse, la administración local podrá descontar “las deducciones que correspondan por los servicios no realizados, medios no aplicados, servicios prestados con calidad deficiente, etcétera”. 

La huelga finalizó el pasado jueves. En caso de no llegar a un acuerdo con la empresa, el personal retomará los paros el 11 de agosto.