El abandono de los animales es un problema continuo que en Galicia parecía que iba a tener respuesta con una ley que, cinco años después, tiene un cumplimiento muy bajo y todo queda en manos de los voluntarios y las voluntarias de las protectoras.
La Xunta lo reguló en 2017 con la Ley de protección y bienestar de los animales de compañía en Galicia, con la que determinó que son los ayuntamientos los encargados de recoger los animales domésticos vagabundos y extraviados, "pero hay un incumplimiento flagrante por parte de la administración", explica la presidenta de la protectora Gatocan, Beatriz Martín.
Según sus datos, en su área de influencia en el norte de Galicia apenas hay un 20 % de ayuntamientos que cumplen la ley y cuentan con servicios de recogida de animales, son las ciudades y los grandes municipios, pero muy pocos de los pequeños.
"Algunos fingen que los recogen y los dejan en el medio del monte, otros los dejan en ayuntamientos cercanos. Ya no es solo incumplir la ley, es que luego abandonan los animales. Cuando un ciudadano incumple la ley, se le sanciona, ¿qué pasa con la administración? Debería dar ejemplo", continúa Martín.
La responsabilidad es de los ayuntamientos que, consultados por EFE a través de la Federación Gallega de Municipios y Provincias, optan por guardar silencio en esta cuestión.
El mismo silencio que guarda la Xunta, también preguntada por EFE a través de la Consellería de Medio Ambiente, impulsora de la normativa y encargada de las sanciones graves o muy graves derivadas del incumplimiento de la ley.
Es una situación extendida en toda Galicia, como explica también Olga Costa, del refugio de Cambados (Pontevedra), que se encuentra con que nadie hace caso de los gatos.
"En Pontevedra hay un servicio de la Diputación, una macroperrera, al que están adheridos casi todos los ayuntamientos. Pero la gente, cuanto encuentra un animal, prefiere que venga a una protectora porque la atención es mejor. El servicio es solo para perros, para gatos no hay nada", resume.
La situación en el sur de Galicia es similar, pues Ourense también cuenta con este servicio, que tampoco se fija en nada que no sean perros, agrega Costa.
"Animamos a la gente a que denuncie cada vez que no se cumpla la ley", explica, al tiempo que defiende la importancia del trabajo de su entidad en las colonias felinas, con la esterilización de los animales para evitar su reproducción, que fueron cerca de doscientos solo el año pasado en Cambados.
El portavoz de la Fundación Franz Weber, Rubén Pérez, también censura lo que ocurre en la actualidad y lamenta que "a pesar de que la Ley entró en vigor en 2018 todavía a día de hoy no tiene desarrollo reglamentario, con lo que algunas materias están pendientes de poder extenderse, como podría ser la gestión de colonias felinas y el papel final de los ayuntamientos, formación obligatoria en las tiendas de animales o ciertas prohibiciones".
"Por lo general vemos muy poco interés de las administraciones públicas por la creación de estas políticas de convivencia y protección de los animales. No han entendido, todavía, que combatir el abandono y el maltrato supondrá un ahorro en el medio plazo en servicios como la recogida y atención de los animales", declara.
Sin embargo, ve también "una preocupación y un interés creciente por la materia, fruto de la sensibilidad vecinal y también de la presión que se ejerce sobre estos consistorios".
"En los últimos años se han puesto en marcha, y mantenido, programas interesantes, como la gestión responsable de gatos en zonas urbanas en municipios como A Coruña, Ames, Santiago de Compostela, varios municipios de la comarca de Ferrolterra o Cambados", aplaude.