La Fiscalía Anticorrupción ha presentado su escrito de conclusiones definitivas en el juicio por presunto fraude fiscal contra los actores Ana Duato e Imanol Arias, en el que solicita 231 años y 9 meses de cárcel para el principal acusado, Francisco Peña, y rebaja a la mitad su petición para la actriz, de 32 años a 16.

Aunque la de Peña, acusado de crear un entramado societario desde el que se habría defraudado dinero a Hacienda, es la petición más elevada, supone asimismo una rebaja de la que el fiscal pedía inicialmente, 298 años de prisión, según el escrito presentado en la Audiencia Nacional esta semana y al que ha tenido acceso EFE.

Durante la última jornada del juicio, celebrado el pasado viernes, el fiscal Tomás Herranz ya anunció la modificación de sus conclusiones y la rebaja en muchas de sus peticiones de pena, si bien no las concretó.
Una de las rebajas más sustanciales es la de la actriz de la serie 'Cuéntame cómo pasó' Ana Duato, que pasó de 32 años de prisión a 16, al retirarle la acusación por dos delitos fiscales en 2016 y 2017.

Como alternativa a esta petición -que supone también una rebaja en las multas reclamadas-, el fiscal solicita diez años de cárcel para la intérprete, solo en el caso de que la Sala admita el informe que Hacienda ha presentado al inicio del juicio.

En dicho informe, la Agencia Tributaria sostiene que la defraudación en los ejercicios de 2014 a 2017 no alcanzó el mínimo de 120.000 euros para ser considerado delito.

Para su marido y productor de la serie, Miguel Ángel Bernardeau, solicita 18 años y medio de prisión o una pena alternativa de 3 años y medio. Ambos, como Peña, han defendido su inocencia.

Junto a ellos también estaba acusado el compañero de reparto de Ana Duato, Imanol Arias, quien llegó a un acuerdo con el fiscal al inicio del juicio, en el que asumió un fraude de unos 2 millones de euros y aceptó una condena de dos años y dos meses de cárcel -que no implica su ingreso en prisión-.

Ana Duato, sin embargo, se mantuvo firme y optó por rechazar la acusación del fiscal, que hasta ahora le atribuía un presunto fraude de 1,9 millones de euros entre 2010 y 2017.

La Abogacía del Estado también modificó su petición de penas en atención a dicho informe de la Agencia Tributaria.

El juicio, que continúa el próximo 23 de octubre con las conclusiones de las defensas y la lectura de los informes finales, ha sentado en el banquillo a casi una treintena de acusados y a cuatro empresas como presuntos responsables civiles.

Se juzga si, a través del despacho de abogados Nummaria, se creó un entramado societario opaco, con algunas de las empresas en el extranjero, para que sus clientes -entre ellos los actores- defraudasen ingresos al erario público.