El Gobierno aprobó ayer el texto de la nueva ley orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que deroga la aprobada hace dos décadas por José María Aznar y que busca remediar la infrafinanciación que arrastra la Universidad desde la crisis del 2008 y el deterioro de las condiciones de trabajo de sus plantillas.

En su preámbulo, el proyecto recalca que su intención no es “imponer soluciones ni trazar caminos concretos”, una de las ideas reiteradas por el ministro de Universidades, Joan Subirats, durante su redacción y consecuencia de lo cual el texto resultante es mucho menos detallado que el presentado por su antecesor, Manuel Castells.

Tras la aprobación en Consejo de Ministros de la tercera reforma universitaria en democracia, el texto entrará la próxima semana al Congreso de los Diputados para su tramitación y posterior entrada en vigor, prevista para el primer semestre de 2023.

En la rueda de prensa al término del Consejo de Ministros, Subirats explicó que, “de momento”, las señales que ha recibido de los grupos parlamentarios son “positivas” en relación con su ley, que necesita mayoría absoluta para su aprobación debido a su carácter orgánico.

La reforma obligará a que los contratos temporales no excedan el 8%, frente al 40% que permite la legislación vigente; mandata a las universidades a dedicar al menos un 5% de su dinero a investigación propia y plantea una inversión mínima del 1% del PIB, sin aclarar el horizonte temporal en el que se conseguirá.

Con este 8% máximo de temporalidad del personal docente e investigador en los campus públicos, se quiere poner fin a la precariedad asociada a determinadas figuras del profesorado laboral, ofreciendo vías de entrada adecuadas para que continúen la carrera académica si cumplen determinados requisitos.

Otro de los cambios introducidos se refiere a la formación a lo largo de la vida para dar respuesta a las necesidades competenciales en la edad adulta y por el cambio demográfico previsto en los próximos años. Así, habrá títulos propios de formación mediante microgrados y otros programas de corta duración.

La idea es alcanzar el objetivo europeo de que un 60% de la población de 16 a 75 años esté en proceso de formación para 2030, un porcentaje que en España es de un 15%.

Valoración gallega

El conselleiro de Cultura, Educación, FP y Universidades, Román Rodríguez, definió la nueva ley de universidades como “una oportunidad perdida” para mejorar el sistema en base al consenso y de forma coordinada entre instituciones, aunque admite que hay “ciertas mejoras”

“Sigue sin dar respuesta a necesidades .fundamentales que tiene el sistema universitario”, denunció el conselleiro.

Así, detectó “carencias en el ámbito de la financiación”, ya que, aseguró, no se transfieren fondos suficientes “para poder alcanzar los objetivos que se fijan”.