La decisión de un juez de la Audiencia Nacional de ordenar de forma cautelar el bloqueo en España de Telegram es desproporcionada; "es matar moscas a cañonazos", ha opinado el abogado y experto en derecho digital Borja Adsuara.

"Me parece una medida desproporcionada que seguramente se echará para atrás (...), es matar moscas a cañonazos porque afecta a derechos fundamentales de libertad de expresión y de libertad información", ha subrayado a EFE.

El experto se refiere así a la decisión de este viernes del juez Santiago Pedraz de ordenar de forma cautelar el bloqueo de la citada red de mensajería instantánea. La orden deriva de una denuncia presentada por Mediaset, Antena 3 y Movistar en la que acusaban a la aplicación de alojar sin permiso contenido protegido por derechos de autor.

Adsuara ha recordado que el intercambio de contenidos es delito cuando tiene ánimo de lucro y ahí es cuando se persigue. "Aquí lo que ha debido de ocurrir es que han localizado grupos de Telegram en los que, con ánimo de lucro, se proporciona contenido de pago (...), es decir, que existen unos ingresos, si no, no se podría perseguir por la Audiencia Nacional".

El juez ha pedido datos a la red de mensajería pero esta se ha negado a proporcionárselos, y ha decidido la suspensión cautelar del servicio. "Es un órdago a la grande y desproporcionado, sí, pero el debate de fondo es por qué con Telegram y no con WhatsApp donde también hay grupos en los que se hace de todo".

El cumplimiento de las leyes europeas, debate de fondo

Adsuara ha detallado a EFE que la razón es porque Meta está en Europa y acata la legislación europea (Telegram, dice, está en Dubai). "Si un juez pide a Meta unos datos para que identifique a un grupo de WhatsApp donde se están cometiendo delitos, seguramente la empresa se los dará".

"Las multinacionales, por muy multinacionales que sean, no están por encima de las leyes europeas ni de la Policía ni de los jueces".

Al final, ha agregado este abogado, es una reacción 'lógica' (la del juez), siendo, no obstante, 'una barbaridad' porque afecta a muchos derechos. "Pero en el fondo dices: usted quiere presentar servicios en Europa, encantados, pero tiene que cumplir la legislación europea tal y como se le exige a la más pequeña de las pymes".

"Es un pulso entre el Estado de derecho y unas multinacionales que se comportan como señores feudales (...)", resume Adsuara, quien cree que Telegram recurrirá la medida.

Para este abogado, el juez Pedraz sabe que "es muy probable que se lo echen atrás" pero ha querido "dar este puñetazo encima de la mesa" y hacer esta "amenaza de suspensión, porque ya no es por un delito de propiedad intelectual sino por un delito de obstrucción a la Justicia".

Para el experto informático Hervé Lambert, a quien le ha sorprendido la decisión, este tipo de medidas no son inmediatas y Telegram puede argumentar, además, impedimentos técnicos para hacerlo.

Si finalmente se bloquea la aplicación, no quiere decir que los más de ocho millones de usuarios en España tengan que quedarse sin acceso. Por ejemplo, estos podrían utilizar una VPN -red privada virtual- para geolocalizarse virtualmente en Francia o en otro país distinto a España para continuar en Telegram, describe Lambert.

No obstante, señala el responsable global del área de consumo de Panda Security, todo depende de cómo se suspenda. Si se bloquean direcciones IP o dominios será más complejo seguir utilizando la aplicación.
Según el servicio Downdetector, que a través de su portal sigue el rastro mundial digital, Telegram en España no reporta por ahora casi incidencias de los usuarios.