Tras las ponencias de Manuel Marchena y de Manuel García-Castellón, el próximo 17 de octubre (Palacio de la Ópera, 20.00 horas) se celebrará la tercera edición del Foro Ideal, con la presencia del vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Alejandro Abascal Junquera, que impartirá una conferencia con el título de ‘Hacia un nuevo modelo del CGPJ. Retos para los próximos cinco años’. El encargado en esta ocasión de introducir al ponente será José María Gómez y Díaz-Castroverde, presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

José María Gómez y Díaz-Castroverde (Ponferrada, 1956), se licenció en Derecho por la Universidad de Valladolid en 1978. Dos años después ingresó en la Carrera Judicial, en la categoría de Jueces de Primera Instancia e Instrucción, categoría en la que estaría destinado posteriormente en los juzgados sevillanos de Osuna y en los gallegos de Mondoñedo.

Años después ascendería a magistrado y desempeñaría plaza, primero, en el juzgado de instrucción número 3 de San Sebastián, y después en el juzgado de instrucción número 29 de Madrid. A finales de los 80 ocuparía la jefatura de la Sección de Calificación y la jefatura el Servicio de Personal Judicial como letrado de los órganos técnicos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Tras conseguir la especialización en la jurisdicción contencioso administrativa, desde 1988 fue magistrado especialista de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSXG. También presidió las secciones tercera y cuarta y, posteriormente, presidió la mencionada Sala de lo Contencioso Administrativo del tribunal gallego. En 2019, el CGPJ lo nombró presidente del TSXG, cargo que en aquel momento se encontraba vacante tras la jubilación del anterior presidente.

Recientemente, en la apertura del Año Judicial 2024-25, Gomez y Díaz-Castroverde reclamaba la apertura de nuevas unidades judiciales para poder atender el aumento de casos a tratar. Esto lo aseguraba a raíz de que, desde 2020, a Galicia “solo le han otorgado cuatro nuevas plazas de magistrado en órganos colegiados y ocho nuevos juzgados”, frente a los 18 que se solicitaban desde el órgano judicial gallego. También reclamaba la creación de un “juzgado exclusivo” de violencia sobre la mujer en cada una de las siete ciudades gallegas.