La Federación Galega de Ecoloxistas en Acción ha presentado una denuncia contra varios altos cargos de la Consellería de Economía por no proceder a declarar la caducidad de las concesiones de la mina de Varilongo, en Santa Comba (A Coruña).

El hecho de que los altos cargos denunciados no hayan declarado la caducidad de la mina de estaño y wolframio -propiedad de la misma empresa australiana que pretende reabrir las minas de San Finx-, podría ser, para esta organización, “indiciario de uno o varios delitos de prevaricación”.

Además, los ecologistas sostienen que este “no es el único favor que la Xunta le hizo a la minera australiana en Santa Comba, pues dejó caducar un procedimiento sancionador por vertidos de metales pesados que implicó la contaminación de ríos próximos”.

Tampoco se sometió a participación pública el plan de restauración, “con un irrisorio presupuesto de 53.000 euros, cuando el coste real de restauración será de varios millones”, añaden.

Desde la organización ecologista reclaman a la Xunta que se obligue a la empresa australiana a constituir un aval de como mínimo 5 millones de euros para garantizar la restauración, cierre y clausura de la mina en condiciones de seguridad, y advierten que en caso contrario demandarán que los altos cargos responsables respondan con su patrimonio personal.

Precisamente por estos motivos, Ecoloxistas en Acción pedirá también ante la ONU el próximo 22 de marzo que se dictamine que fue vulnerada la Convención de Aarhus tanto en este proyecto como en el de San Finx.