Una jueza federal manifestó una “intención preliminar” de nombrar a un perito independiente que supervise el registro realizado a comienzos de este mes por agentes del FBI en Mar-a-Lago, la residencia Donald Trump en el sur de Florida, tal como lo había solicitado el expresidente. 

“Sin perjuicio de las objeciones de las partes, el Tribunal notifica por la presente su intención preliminar de nombrar un maestro especial (perito) en este caso”, señaló en un escrito judicial la magistrada Aileen Cannon, que no obstante precisó que lo anterior “no debe interpretarse como una determinación final” sobre la solicitud de Trump.

La jueza citó a ambas partes a una audiencia el próximo jueves en una corte federal de West Palm Beach para tratar la demanda hecha por el expresidente de Estados Unidos.

A comienzos de esta semana, Trump solicitó la designación de un “maestro especial”, que es un perito independiente, para supervisar el caso del registro en su casa de Mar-a-Lago.

A través de su abogada Lindsey Halligan, Trump solicitó además un recibo más detallado de lo decomisado y la devolución de aquello que no estuviera incluido en la orden judicial que autorizó el registro hecho el pasado 8 de agosto, durante el cual el FBI recuperó documentos clasificados.

Previo a la audiencia del jueves, el Departamento de Justicia tiene hasta el martes para responder por escrito a la demanda de Trump, así como proveer un recibo más detallado, el cual no se hará público, con “todos los bienes incautados de conformidad a la orden de allanamiento”, según la orden de la jueza. 

Tras ello, el equipo legal de Trump tiene hasta el miércoles para pronunciarse en torno a la respuesta de la Fiscalía. 

El escrito de la magistrada se da luego de que el viernes, y por decisión de un juez federal, el Departamento de Justicia hiciera público una versión editada y con tramos cubiertos del documento que contiene las razones que justificaron el registro en la casa del expresidente por parte del FBI.

Según se desprende de esa “declaración jurada”, el registro se motivó tras descubrirse documentos clasificados, algunos de ellos con información de “máximo secreto” en cajas que habían estado en Mar-a-Lago, la residencia y club social del expresidente en Florida, y que fueron devueltas en enero de este año a los Archivos Nacionales.

Ningún espacio en Mar-a-Lago cuenta con autorización para almacenar material clasificado, según se lee en el documento difundido y en el que el FBI justifica el registro de la vivienda tras estimar que hay “causa probable para creer que se encontrará evidencia de obstrucción”.

La orden de registro ya apuntaba a posibles delitos de obstrucción a la justicia, destrucción de documentos y violación de la ley de espionaje.