El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció ayer que el próximo año el Sergas aprobará una nueva convocatoria para contratar y ofrecer plazas estables a los médicos de familia, que este año asciende a 106. 

Además, avanzó que este mismo mes, el Consello del Gobierno gallego dará luz verde al complemento de 12.000 euros para los profesionales que asuman más cupo por falta de personal y ocupen plazas de difícil cobertura, tal y como se pactó con los sindicatos de la mesa sectorial.

Pontón pide 200 millones 
Rueda lanzó ambas cuestiones en la sesión de control del pleno del Parlamento, en la que la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, volvió a poner encima de la mesa que “no es un problema de profesionales”, sino de presupuesto, y por ello insistió en incorporar 200 millones a la Atención Primaria.

“Nunca dice cómo aplicarlo. Es una cifra que le cuadra, pero nunca es capaz de detallar”, replicó Rueda a la dirigente nacionalista, a quien acusó de “por lo que sea, no querer molestar a sus socios de Madrid”, en referencia al Gobierno de Pedro Sánchez. 

Por ello, le pidió ponerse de lado de los “nacionalistas” vascos y catalanes, que se sumaron al manifiesto impulsado por Galicia y País Vasco para reclamar una convocatoria extraordinaria MIR. “No es un problema de dinero”, contestó y afirmó que lo que ocurre es que “faltan profesionales”.

El mandatario autonómico emplazó al BNG de que si Cataluña y País Vasco son referencia (del BNG), lo sea con todas las consecuencias” y por ello, también cuando se alían con Galicia. Así, atribuyó una “mansedumbre” al Bloque en la reclamación de un mir extraordinario y le ha reclamado “coherencia”.

Este mismo martes se aprobó por una unanimidad de los tres grupos una moción —impulsada por el PSdeG— con la reclamación de toda la Cámara para, entre otras cuestiones, de que el Gobierno agilice las acciones necesarias para habilitar más volumen de plazas de formación en Galicia, “en acuerdo y diálogo con el personal tutor” y solicitar al Gobierno de España que se amplíe el volumen de plazas mir para poder ofertar.

La portavoz nacional denunció el “enésimo” caso de una profesional que tenía guardia en tres centros de salud en 24 horas. “¿Usted piensa que se puede maltratar de esta manera a los profesionales que lo están dando todo y lo dieron todo en pandemia?”, remarcó Pontón, quien enfatizó que “faltan profesionales porque sobra precariedad”.

“Con el BNG no cuente con la política del insulto, de la descalificación y de embarrar el debate, que es la especialidad del PP, creando ‘fake news’ y manipulación. No va a encontrar al BNG ni a mí”, añadió Pontón.

Así las cosas, Rueda comprometió la aprobación este mes del complemento pactado con los sindicatos para los médicos de familia que asuman parte del cupo de pacientes de otros compañeros y en plazas de difícil cobertura y una nueva convocatoria de plazas para dar “en propiedad toda la vida” y otorgar “estabilidad” a los médicos de Atención Primaria, extendiendo la a los comarcales radiología, internistas y también para profesionales de salud mental. 

La Xunta aprobará 7,2 millones para entidades sociales y defiende “evolucionar” las ayudas

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, avanzó ayer que el Consello de hoy aprobará un total de 7,2 millones de euros para entidades sociales, con el fin de reforzar comedores sociales, albergues o la integración laboral. 

Así, en el pleno autonómico y en respuesta a las reclamaciones de los grupos de la oposición para que “rectifique” y recupere la Tarxeta Básica, defendió que las ayudas “evolucionen hacia otras necesidades”, que “hay muchas y van a venir más”.

Rueda, que también ratificó la intención de que la ley de inclusión social entre el Parlamento antes de acabar el año, defendió que la nueva orden de ayudas supondrá un 40% más para comedores sociales, albergues y centros de acogida. También se impulsarán nuevos programas para favorecer el acceso al mercado laboral de personas que están excluidas y acciones de inclusión de la población migrante.

Otra de las actuaciones avanzadas, que se suman a medidas como el bono eléctrico, son 240 euros al año para afrontar pagos de internet destinado a las familias con ingresos más bajos, para que puedan contratar estos servicios.