Dos sentencias judiciales amenazan con dar un vuelco a los miles de pisos turísticos, más de 14.000 según el registro de la Xunta, que operan en Galicia y que convierten algunos centros de ciudades en vivienda para unos pocos.

Ya antes se estrechó el cerco en Madrid y en Barcelona, pero hoy hay más lugares en España que se encuentran en esa delgada línea roja entre la denominada 'gentrificación' (vecinos desplazados) y la pacificación. La batalla viene de lejos y los tribunales están avalando, en este momento, poner coto a este tipo de prácticas.

Un fallo divulgado por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia obligó al cierre en la capital gallega de uno de estos alojamientos por carecer de permiso municipal, lo que ha abierto la veda para que pueda exigir tal habilitación el ayuntamiento gobernado por Xosé Sánchez Bugallo, que rechaza que el casco antiguo, patrimonio de la humanidad desde 1985 y donde prolifera esta oferta, termine por convertirse exclusivamente en un negocio.

Si esta resolución es decisiva, esto es porque hasta la fecha los propietarios debían inscribirse únicamente en un registro autonómico creado en 2017 para empezar a operar; es decir, a través de una declaración responsable ante Turismo resultaba factible conseguir una licencia. Esto hizo que el modelo se expandiese principalmente por la zona monumental.

La novedad ahora estriba en conseguir esa segunda autorización. El gobierno local ha trasladado a los medios de comunicación que solo 36 de las mil viviendas de uso turístico que están funcionando en Compostela cuentan con esta doble acreditación.

En Pontevedra, también el TSXG, a través de la sección segunda de la sala de lo contencioso-administrtivo, dio la razón al Ayuntamiento en el litigio que una particular emprendió para defender la legalidad de su piso turístico, en un cuarto piso de la calle Sagasta, y en contra del criterio de los servicios municipales que le obligaron a cesar esa actividad a raíz de una denuncia de la comunidad de propietarios.

El dictamen, en este caso, dio por buenos los tres requisitos del ejecutivo municipal que tiene al frente al regidor Miguel Anxo Fernández Lores: que sea una vivienda unifamiliar, y que esta esté ubicada en los bajos o primeros pisos de un inmueble; o bien que el edificio completo se destine a un uso turístico.

Su aplicación resulta, en este caso, de la interpretación de los usos terciarios incluidos en el Plan General de Ordenación Urbana.

Dulcinea Aguín, presidenta de Aviturga (Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia), defiende que no hay problema alguno con el hecho de regular y ordenar, pero sí contra lo que interpretan como un intento de acabar con todo. Y con el intento de sentar jurisprudencia en base a cuestiones particulares.

A un año de las elecciones municipales, el debate está más vivo que nunca.

El Ayuntamiento de Madrid ordenó en 2021 el cierre de 592 viviendas de uso turístico dentro de las campañas de inspección y revisión de este tipo de pisos.

Entre el 1 enero de 2021 y el 1 de enero de 2022 fueron analizados, merced a la información facilitada, 306 edificios e inspeccionadas 6.951 viviendas, entre las cuales se detectaron 625 de uso turístico.

En Barcelona, otrora el paraíso de este tipo de alquiler, el Plan Especial Urbanístico para la Ordenación de los establecimientos de Alojamiento Turístico, Albergues de Juventud, Residencias colectivas de alojamiento Temporal y Viviendas de Uso Turístico (Peuat) es la normativa de obligada aplicación.

Ante el auge, el Peuat estableció una serie de restricciones a la barra libre.