Se cumplen treinta años de la publicación en el BOE de la primera de las dos reformas constitucionales que se registraron desde la aprobación de la Carta Magna, y aunque en principio hay acuerdo para una tercera que elimine el término “disminuidos” para referirse a las personas con discapacidad este cambio todavía se está haciendo esperar.

Es una reivindicación histórica de los colectivos de personas con diversidad funcional y para hacerla efectiva será necesario retocar el artículo 49 de la Constitución de 1978.

El Gobierno presentó un proyecto de reforma de ese artículo tras las últimas elecciones, pero hasta el momento no consiguió la mayoría cualificada del Parlamento que se requiere para la modificación, es decir, tres quintas partes de la Cámara — 210 diputados—. 

Vox y el Partido Popular se opusieron a la reforma porque consideraban que no era el momento político oportuno para abrir el melón de una reforma constitucional, pero el escenario parece haber cambiado. El nuevo líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, anunció su respaldo a la reforma, aunque reclamó al Gobierno que el texto se pacte junto a su partido y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), y que cuente con un informe sin enmiendas del Consejo de Estado.

El Ejecutivo ya había abordado esta cuestión en diciembre de 2018, cuando aprobó un anteproyecto de reforma del citado artículo al entender que el término “disminuido” era “obsoleto e injusto”, pero la iniciativa decayó con la convocatoria electoral. 

Ahora, si se materializan los apoyos suficientes, se podría consensuar esa reforma constitucional, la tercera después de las dos registradas en 1992 y en 2011. 

En la primera no hubo problemas y se alteró el texto por unanimidad para adaptar la Carta Magna al Tratado de Maastricht.

Se introdujeron tan sólo dos palabras —“y pasivo”— para permitir que ciudadanos comunitarios residentes en España pudieran presentarse como candidatos a las elecciones municipales. 

El Boletín Oficial del Estado publicó la modificación el 28 de agosto de 1992. Se reformó el artículo 13, apartado 2.

Casi veinte años tuvieron que pasar para reformarla por segunda vez: fue el artículo 135, para consagrar el principio de estabilidad presupuestaria y de reducción del déficit que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero pactó con el PP de Mariano Rajoy tres meses antes de las elecciones generales de 2011.

Las reformas pendientes
Además de la previsible tercera reforma, quedarían otras modificaciones en el tintero, como la reforma para suprimir los aforamientos de miembros del Ejecutivo y parlamentarios. Es una propuesta sobre la que incidió en julio de 2019 el entonces candidato a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, en su discurso de investidura ante el pleno del Congreso de los Diputados.

La iniciativa se había tramitado en las Cortes antes de las elecciones, pero al adelantarlas se desactivaron un amplio abanico de medidas legislativas, entre ellas esa misma.

El anteproyecto que planteó el Ejecutivo tenía un artículo único que afectaba a los artículos 73 y 102 de la Constitución, e incluía tres disposiciones para su entrada en vigor y adecuación de las normas.  En las últimas ocasiones que se abordó esta cuestión, PSOE y PP consideraron que no era el momento de hacerlo con la pandemia y la crisis económica.

Sánchez también propuso hace tres años reformar el artículo 99 de la Constitución, que regula la investidura por el Congreso del presidente del Gobierno, con el fin de evitar situaciones de bloqueo tras las elecciones y el riesgo de repetirse las elecciones. 

También queda pendiente la reforma para que desaparezca la inviolabilidad del rey. En diciembre de 2018, el presidente también consideró que la inviolabilidad del rey que recoge la Constitución se había quedado “vieja” y se mostró convencido de que Felipe VI sería favorable a que se eliminara esa prerrogativa en una hipotética reforma constitucional. 

La reforma para la sucesión de la Corona, la inclusión de la denominación oficial de las comunidades en la Constitución, la regulación del sistema de relaciones de España con Europa y la reforma del Senado son cuatro modificaciones sobre las que informó en su día el Consejo de Estado a petición de José Luis Rodríguez Zapatero. El informe, de 2006, planteaba cómo debían de hacerse esos cambios, aunque no se pronunciaba sobre sí debían acometerse o no. Se planteaba eliminar la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión a la Corona y que, donde se diga “rey” o “príncipe”, se puedan sustituir ambos términos por “reina” o “princesa”. 

Hay otras de mayor calado que se plantean desde Unidas Podemos, el socio de Gobierno de coalición, para, entre otras cuestiones, blindar derechos sociales y adaptarla a la evolución de la sociedad española en cuestiones como una mayor conciencia feminista o en medio ambiente.