El pacto del PP y Junts para suspender el impuesto eléctrico ha visto retrasada su tramitación después de que PSOE y Sumar decidieran este martes aplazar la reunión de la mesa de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso de los Diputados, que debía tramitar esa propuesta.

Según han confirmado a EFE fuentes socialistas, la mesa de la comisión, donde PSOE y Sumar tienen mayoría, se ha reunido para poner fecha a la reunión del órgano, pero, tras el acuerdo entre PP y Junts, han decidido posponerla sin una fecha nueva por el momento.

El PP y Junts pactaron en la noche del lunes una enmienda transaccional para suspender el impuesto sobre el valor de la producción eléctrica cuando no exista déficit de tarifa (diferencia entre los ingresos y los costes del sistema eléctrico).

El objetivo, según fuentes del Grupo Popular, es bajar el precio de la factura eléctrica a las familias y empresas.

En concreto, el Grupo Popular logró incorporar la suspensión del impuesto en el informe de la Ponencia del Proyecto de Ley por el que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

Actualmente, ese tributo está fijado en el 7 % y, con la enmienda aprobada a instancias del PP, pasaría a tipo 0.

El impuesto, que había sido suspendido de manera excepcional desde el tercer trimestre de 2021 hasta 2023, ha proporcionado de enero a octubre de 2024 unos ingresos de 407 millones de euros a las arcas públicas, según Hacienda.

El PP, que se mostró hoy "tremendamente satisfecho" por el acuerdo alcanzado con Junts, ha evaluado que "la suspensión de este impuesto supondrá un ahorro estimado de 400 millones para las familias españolas".
"En el caso de las pymes el ahorro será de 500 millones, y de 200 millones para grandes industrias", ha añadido.

Asimismo, durante la fase de ponencia en el Congreso se aprobó otra enmienda que favorece la continuidad de la industria de cogeneración, según el PP.

Estas dos propuestas, tanto la suspensión del impuesto de la producción eléctrica como el apoyo a la industria de la cogeneración, forman parte de las propuestas para un pacto energético que proteja a familias y empresas, el plan energético que Feijóo remitió a Moncloa el 12 de septiembre de 2022.

Esta mañana, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha señalado que la discusión parlamentaria del impuesto sobre producción energética está aún en una "fase temprana" y queda "todo un recorrido" en el que intentará "revertir o condicionar" el acuerdo alcanzado por el PP y Junts, que ha sido respaldado por Vox, ERC y PNV.

Como primer paso, se ha suspendido sin fecha la reunión de la mesa, que estaba prevista para este jueves.
El Ministerio para la Transición Ecológica ha indicado este martes que los grupos determinaron ayer "incluir enmiendas ajenas al proyecto de ley que actualiza el régimen de derechos de emisión, que desde 2005 es una herramienta decisiva para la descarbonización de la economía española".

La transposición del proyecto de ley es "urgente": el plazo de trasposición ha sido de apenas siete meses y tiene novedades que se aplican desde el primero de enero de 2025.

Incluye, por ejemplo, la aplicación del Mecanismo de Ajuste en Frontera (el arancel comunitario de CO2) o la extensión del régimen de comercio de emisiones de CO2 al transporte por carretera y la edificación.

Afecta a 900 instalaciones industriales y energéticas, a 30 operadores aéreos, a 600 navieras y a unos 1.000 distribuidores de combustibles, que tienen gran inseguridad jurídica y riesgo de litigiosidad.

"Es necesario eliminar esa inseguridad jurídica y los daños económicos que puede acarrear la falta de marco jurídico a un amplio número de sectores económicos e industriales y que derivan en una merma de su competitividad frente a sus homólogos europeos", según el ministerio.