El Gobierno consiguió finalmente convalidar el plan de ahorro energético que entró en vigor el pasado 10 de agosto gracias al apoyo de sus principales socios de investidura, que aceptaron tramitar el texto como proyecto de ley para poder introducir mejoras y enmiendas.

Tras finalizar el pleno extraordinario celebrado ayer, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, celebró la aprobación de un texto que incluye “medidas sin precedentes” que van a ayudar a los españoles, especialmente a las clases medias y trabajadoras.

Durante el debate, Sánchez pidió a los partidos “consenso” para aprobar un plan que forma parte de la respuesta “solidaria” de España con el resto de Europa para reducir la dependencia del gas de Rusia, país que amenaza con cortar el suministro de cara al invierno. “Europa necesita nuestra ayuda. Necesita que se refuercen los mecanismos para hacer llegar esa energía a todos nuestro vecinos europeos, y España también debe ser solidaria”, defendió.

El plan, que incluye medidas como la regulación de los termostatos en edificios administrativos, espacios comerciales y culturales, estaciones de tren y autobuses y aeropuertos, así como el apagado de escaparates, permitió reducir un 9,5% el consumo energético en la última semana.

Según explicó Sánchez, el plan de ahorro energético es el primer paso del marco que quedará reflejado en el Plan de Contingencia que está ultimando el Ejecutivo para presentar a finales de septiembre. Sin embargo, y pese a que las medidas de momento no establecen ninguna restricción a los ciudadanos, la ministra hizo un llamamiento a tener “una mayor responsabilidad en lo que consumimos”.

Como ya habían anunciado en horas previas, los principales partidos de la oposición —PP, Vox y Cs— votaron en contra del plan del Gobierno, con críticas a las medidas que contiene el texto.

Mientras que el PP denunció los “parches” del Gobierno y no haber recibido “ni una sola llamada” para negociar, Vox anunció que recurrirá el decreto ante el Tribunal Constitucional.

Sobre el principal partido de la oposición, Sánchez lamentó el “conservadurismo retrógrado y negacionista” que contrasta con la derecha europea “moderna”, que allí donde gobierna aprobó medidas semejantes a las contenidas en el plan del Ejecutivo.

Pese a las críticas de las fuerzas conservadoras, el decreto del Gobierno contó con 187 votos a favor, gracias al apoyo de los socios de investidura tras las negociaciones llevadas a cabo en las últimas horas.

El último en anunciar su voto a favor fue ERC, que pese a entender que las medidas carecen de “consenso” y ambición” llegó a un acuerdo con el Ejecutivo para que no se “dilate” la tramitación parlamentaria de la norma como proyecto de ley.

En concreto, el decreto fue convalidado con los votos del PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana, el PNV, EH-Bildu, el PDeCAT, Más País-Equo, Compromís, Teruel Existe y el PRC. Por el contrario, el PP, Vox, Ciudadanos, Junts, la CUP y Foro Asturias votaron en contra, mientras que el BNG se abstuvo.

Ajuste de temperaturas
El llamado “Plan de choque de ahorro y gestión energética en climatización” prevé, entre otras medidas, el ajuste de los termostatos en edificios administrativos, espacios comerciales y culturales, estaciones de tren y autobuses y aeropuertos.

Concretamente, establece una temperatura mínima de 27 grados en verano, y una máxima de 19 grados en invierno. 

Además de controlar el termostato, se deberán apagar las luces de los escaparates a partir de las 22.00 horas y la iluminación de los espacios públicos cuando no estén en uso, al tiempo que tendrán que tener sus puertas cerradas cuando estén funcionando los sistemas de calefacción o refrigeración.

Una de las principales críticas que recibió el Gobierno de Pedro Sánchez fue provocada por incluir en el real decreto ley medidas que no están directamente relacionadas con el plan de ahorro energético, como las ayudas en el ámbito del transporte ferroviario y de carretera, y en materia de becas y ayudas al estudio.

Así, la convalidación del decreto permitirá que los abonos de transporte de Cercanías, Rodalies y Media Distancia de Renfe sean gratuitos durante el último cuatrimestre del año, y se establece la creación de nuevos abonos en servicios comerciales de alta velocidad en determinadas rutas.

También se aprobaron nuevas ayudas directas sector del transporte por carretera por valor de 450 millones, que permitirá recibir una cuantía determinada en función del tipo de vehículo.

Además, se da cumplimiento a una de las principales reivindicaciones de este sector con el proyecto de ley que aplicará al sector del transporte de mercancías por carretera los principios de la Ley de la cadena alimentaria, para asegurar una utilización justa de la subcontratación y la rentabilidad de su trabajo.

Sin más limitaciones
Por su parte, la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, quiso enviar un “mensaje de tranquilidad” a los españoles respecto a las perspectivas de cara al invierno y aseguró que el Gobierno trabaja para que “ni los hogares ni las industrias se vean sometidos a limitaciones”. Para ello, dejó claro que el Gobierno hará lo que tenga que hacer y pide “prudencia” al hablar de riesgo de recesión porque ahora el país está creciendo y “la economía está aguantando”.

En este sentido, Rodríguez sostuvo que el Gobierno nunca ocultó que la guerra “iba a traer consecuencias económicas”.