La Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo que mantenga las penas de 13 años de inhabilitación que impuso al exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y de 12 a tres exconsellers por el proceso independentista de 2017, si bien admite que la reforma penal obliga a rebajar las de los cinco acusados que solo fueron condenados por sedición, un delito que ha desaparecido del Código Penal.

Los cuatro fiscales del "procés" han remitido un escrito a la Sala de lo Penal del Alto Tribunal en el que se oponen a la revisión de las condenas de inhabilitación de aquellos líderes independentistas que fueron condenados por sedición en concurso medial con malversación: Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa.

La razón es que, como en el caso de Carles Puigdemont, que aún no ha sido juzgado al estar fugado, los fiscales creen que la reforma del Código Penal permite seguir manteniendo que estos cuatro líderes independentistas incurrieron en un delito de malversación en su forma más grave al considerar que hubo ánimo de lucro en el desvío de dinero público para "fines delictivos".

Y este tipo penal contempla penas de inhabilitación de 10 a 20 años, de modo que las condenas impuestas a Junqueras y los otros tres exconsellers "se encuentran en la mitad inferior" de las recogidas en el actual Código Penal, razón, dice la Fiscalía, por la que "no deben revisarse", pues, de lo contrario, será perjudicial para ellos.

Los fiscales, en sintonía con el decreto que este mismo miércoles ha dictado el fiscal general del Estado con pautas de actuación respecto a la reforma del delito de malversación, subrayan que "el ánimo de lucro no solo se integra por la obtención de un beneficio económico propio para el autor o para un tercero", sino también por la consecución de cualquier otro beneficio, "como sucede cuando apropiándose de los fondos públicos estos son destinados a fines delictivos".

Respecto a los que fueron solo condenados por un delito de sedición, el Ministerio Público sí que ve "procedente" revisar la sentencia, dado que las penas relativas a los delitos que, tras la reforma penal, "sustituyen a la sedición" -es decir, la desobediencia y los desórdenes públicos agravados- "son inferiores" a la pena de inhabilitación que les fue impuesta.

Pide de este modo al Supremo que rebaje las condenas de inhabilitación a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell (9 años y dos meses) y a los exconselles Joaquin Forn y Josep Rull (8 años y 2 meses) por desórdenes públicos y desobediencia, y a los líderes independentistas Jordi Sànchez, ex secretario general de Junts, y Jordi Cuixart (5 años solo por desórdenes). La Fiscalía solo se pronuncia sobre las penas de inhabilitación al estar extinguidas las de prisión por haber sido indultados.

Sánchez y Cuixart resultarían los más beneficiados si el Supremo acoge el criterio de la Fiscalía, que solicita menos condena para ellos al no atribuirles desobediencia y por no ser considerados "autoridad" en el momento de los hechos, aunque subraya su "destacada participación" en la "dirección y agitación de las masas" durante el otoño de 2017.

Una vez más, los fiscales admiten que la reforma ha dado lugar a una "norma más favorable" para los condenados, si bien subrayan que la desaparición de la sedición "no equivale a una despenalización" de los hechos que fueron probados en sentencia.

Sostienen asimismo que no procede revisar las condenas a los tres exconselles a quienes el Supremo sentenció por desobediencia -Santiago Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó- porque ese delito no ha sido reformado.