El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones prevé comenzar a ampliar el periodo de cálculo de las pensiones desde 2027, según consta en la documentación presentada a los agentes sociales con los que ayer se volvió a sentar a negociar sin demasiados avances.

Según el borrador planteado a patronal y sindicatos, el nuevo sistema (que supone pasar progresivamente de 25 a 30 años cotizados pero computando solo los 28 mejores) comenzaría a aplicarse en 2027 y hasta 2038.

La transición duraría doce años, sumando cada año cinco meses de los que computarían los tres mejores, eliminándose de oficio las bases de cotización de menor importe.

La propuesta del ministerio incluye el destope progresivo de las bases máximas de cotización, que se incrementarán un 30%, así como el destope de la pensión máxima, que subirá un 3% en el mismo periodo, aunque con la idea de aumentarlas también un 30% más adelante.

La base máxima
La base máxima de cotización se elevará 1,154 puntos durante 26 años, entre 2025 y 2050, mientras que para la pensión máxima el incremento será de 0,115 puntos cada año. A partir de 2050, recoge el documento, se tendrá que establecer cómo llegar a un destope del 30% también para la pensión máxima.

El borrador establece que todas las pensiones contributivas, incluida tanto la mínima como la máxima, subirán cada año en el porcentaje equivalente al valor medio de las tasas de variación interanual de inflación de los doce meses previos a diciembre del año anterior. El resultado de esta fórmula, introducida con la reforma de las pensiones de 2021, se aplicará a las bases máximas de cotización a la Seguridad Social que también quedarían ligadas a la evolución de la inflación.

El borrador no dice nada de las bases mínimas, que se revalorizan cada año en la misma proporción que el salario mínimo interprofesional (SMI).

Tanto la adecuación del periodo de cómputo como el incremento de las bases máximas son dos hitos comprometidos con Bruselas antes de final de este año. 

Por otra parte, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, afirmó que no comparte ni “la premura” ni el modelo que propone el ministro Escrivá.

Los sindicatos no lo aprueban
“Es algo más serio y no se puede modificar con urgencia”, explicó el presidente de los empresarios.

Tras insistir en que es un tema que debe tratarse entre los partidos del Pacto de Toledo, Garamendi criticó el modelo que propone el ministro Escrivá porque “no es sostenible y carga contra las empresas, a las que hace perder competitividad”, afirmó. Detalló que cada punto que se suben las pensiones por el IPC supone 1.500 millones, para un total de 15.000 millones.