El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, advirtió de que habrá que adoptar nuevas medidas para apuntalar la sostenibilidad financiera del sistema público de pensiones y considera que es necesaria una evaluación “transparente, continua y exhaustiva” de los efectos de estas reformas impulsadas, incluido su impacto en la equidad intergeneracional.

Según alertó el gobernador durante su intervención en la ‘Conference on Ageing’, organizada por Banco de España, Cemfi y Georgetown University, se está produciendo un importante cambio demográfico, que no hará sino acelerarse a medida que avance el siglo XXI.

El gobernador avisó de que un cambio demográfico tan grande podría tener profundas repercusiones económicas, con consecuencias incluso para la eficacia de las políticas monetarias y fiscales. “Junto con el impacto del cambio tecnológico y climático es probable que represente el mayor reto al que se enfrenten las políticas económicas y sociales en las próximas décadas”, alertó Hernández de Cos.

A medida que crece la población jubilada y si las prestaciones per cápita se mantienen constantes, las transferencias a través de del sistema público de pensiones aumentarán. Además, cuanto menor sea la proporción de población en edad de trabajar menores serán, en términos relativos, los ingresos de las cotizaciones a la Seguridad Social utilizados para financiar las prestaciones sociales contributivas.

Gastos e ingresos

Además, a medida que la población envejece, aumenta la demanda de servicios públicos sanitarios y de cuidados de larga duración. De hecho, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal prevé que el gasto total en pensiones en España suba desde el 13% del PIB actual al 16,2% en 2050. El alza del gasto sanitario sobre el PIB también se prevé considerable, con un incremento de casi 1,5 puntos porcentuales en las próximas tres décadas, según las previsiones del último informe de la Comisión Europea.

Según recordó el gobernador, en la última década, el sistema de pensiones fue objeto de una serie de reformas, principalmente encaminadas a aumentar la edad efectiva de jubilación, apuntalar los ingresos de la Seguridad Social e introducir un mecanismo de ajuste automático.

“La estimación del impacto que las medidas aprobadas pueden tener sobre los ingresos y gastos del sistema en las próximas décadas está sujeta a mucha incertidumbre”, reconoció. En cualquier caso, Hernández de Cos apuntó que el abanico de estimaciones disponibles sugiere que, como consecuencia de los cambios legislativos aprobados desde 2021, el sistema de pensiones español tendrá que asumir, a largo plazo, mayores obligaciones de gasto que no se verán compensadas en su totalidad por los ingresos obtenidos.

Otra incertidumbre, es el posible impacto adverso del aumento de las cotizaciones a la Seguridad Social sobre el empleo, los salarios y la competitividad. Según estas estimaciones, habrá que adoptar medidas para apuntalar la sostenibilidad financiera del sistema y será necesaria una evaluación transparente, continua y exhaustiva de los efectos de estas reformas, incluido su impacto en la equidad intergeneracional.