El pleno de Carballo aprobó ayer por unanimidad iniciar un expediente de penalidades contra la empresa concesionaria del servicio de recogida de basura por un cumplimiento deficitario del contrato durante la huelga convocada por los trabajadores. 

Tal y como explicó el alcalde, Evencio Ferrero, el inicio de este expediente sancionador es una de las opciones que tiene el Concello carballés para hacer frente a los efectos que el conflicto entre la empresa y los trabajadores está teniendo en la prestación del servicio municipal. Con el visto bueno a esta medida por parte de la corporación, el Concello dará audiencia a la sociedad UTE Carballo  (Urbaser SA y Servicios Gallegos de Lacería) y a la entidad bancaria avalista del contrato para que, en el plazo establecido, presenten los documentos y alegaciones que consideren convenientes, en cuyo caso se solicitará el informe correspondiente a los servicios técnicos municipales.

La municipalidad sancionaría a la empresa por el incumplimiento de los servicios mínimos fijados durante los dos paros convocados por los trabajadores en los últimos dos meses, servicios mínimos que han sido criticados por los sindicatos por considerarlos abusivos.

El gobierno carballés sostiene que el servicio público de recogida de residuos sólidos urbanos es esencial para la comunidad y que el mantenimiento de unas condiciones esenciales de salubridad durante las jornadas de huelga reviste interés general. Por ese motivo, la Policía Local hizo seguimiento de las rutas de recogida establecidas, corroborando que no se cumplieron los servicios mínimos. 
Los servicios técnicos municipales consideran que la infracción cometida por la empresa al incumplir estos servicios mínimos debería ser tipificada como “muy grave”, lo que acarrearía sanciones a la empresa que oscilarían entre 32.648 y 326.477 euros.

El pliego establece también el protocolo que debe seguir el Concello y que se corresponde con la propuesta que se lleva a pleno. Además de las sanciones económicas que puedan imponerse, la administración local podrá descontar “las deducciones que correspondan por los servicios no realizados, medios no aplicados, servicios prestados con calidad deficiente, etcétera”.

Desde que empezó el conflicto, representantes del gobierno municipal se han reunido con los trabajadores hasta en tres ocasiones, y también han mantenido contacto con la dirección de la empresa. 
Todas estas medidas han propiciado que haya una posibilidad de acuerdo entre la empresa y los sindicatos. Según informó el secretario de la CIG en Carballo, Martín Caamaño, ya han fijado una fecha para sentarse a negociar el nuevo convenio, en el que exigen los trabajadores una subida salarial y mejora de las condiciones sociales. En caso de no existir acuerdo, habrá un nueva huelga entre el 11 y el 22 de agosto, que podría convertirse en indefinida a partir de septiembre.