El que fue alcalde de Ponteceso entre 1993 y 2015, José Luis Fondo, al que se juzga en la Audiencia de A Coruña por presunta prevaricación administrativa y fraude a ente público, ha alegado en la primera sesión del juicio que si contrató obras por más de 400.000 euros sin concurso fue por “urgencia y necesidad”.

La Fiscalía pide para él y para el administrador de la empresa Esteban Seoane la misma pena de 4 años y seis meses de prisión. Las defensas, por su parte, solicitan la libre absolución.

“Los concejales llamaban al contratista más adecuado”, ha manifestado el exalcalde al ser cuestionado si las contrataciones se hacían de forma verbal.

Y es que, según Fiscalía, durante su mandato y, en particular, entre los años 2012 y 2015, el citado ayuntamiento “se veía obligado de manera permanente a ajustar su dotación presupuestaria” y añade que, pese a ser conocedor de ello, el ahora acusado “dictó providencias, en 2014 y 2015, en las que declaró la realización por la empresa ‘Construcciones Esteban Seoane S.L’ de prestaciones y obras en las que se incumplía la normativa de contratación”.

Cuestionado por el fiscal si le comunicaron “defectos” en facturas presentadas por la citada empresa–  y en relación a ocho obras objeto del juicio que se celebra en la Audiencia–, ha manifestado que “no”. “Supongo que serán reales, el alcalde no entra en eso”, ha apostillado José Luis Fondo.

Ya sobre las obras por las que se le juzga, ha asegurado que si se hicieron por la vía de urgencia era porque así lo estimaron los dos concejales, uno el de Obras, que se encargaban de estas cuestiones. 

“Si era urgente, se llevaba al técnico municipal, hacía un informe y los concejales llamaban al contratista más adecuado para la obra”, ha reconocido, a preguntas de la magistrada para aclarar algunas cuestiones de su declaración y, al ser preguntado, si había una contratación verbal.

Declaraciones de la interventora y de Carballido

Si el exalcalde sostuvo que la interventora formuló reparos cuando las obras estaban ya ejecutadas, ésta, en su declaración, insistió en que los reparos se hicieron “por omisión total y absoluta de procedimiento”.
 

En el comienzo del juicio también declaró el exregidor Xosé Lois García Carballido, que presentó la denuncia cuando accedió a la Alcaldía, en 2015. 

Sostuvo que las obras concedidas a esta empresa estaban “fuera de precio del mercado”. “Consideramos que se inflaban artificialmente las previsiones de ingresos”, ha señalado sobre la gestión municipal de su antecesor.

Además, ha ratificado que encargaron un informe pericial para analizar si las facturas a esta empresa correspondían a un coste real o no y explicó que “había una diferencia entre lo que el perito decía y lo que figuraba en los importes”. 

“El informe pericial concluía que era menor el importe de lo que se reflejaba”, en la factura, afirmó